“Nuestra legislación está cambiando, haciendo grandes avances en materia de equidad e igualdad entre hombres y mujeres, impulsando iniciativas que son respuestas acertadas frente a un cambio cultural manifiesto que evidencia la transformación y evolución de nuestra sociedad”. Así lo aseveró la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Soraya Said Teuber, al destacar los alcances del articulado que permite definir el orden de los apellidos.

La autoridad regional resaltó que el éxito de esta iniciativa se aprecia en el alto interés manifestado por la ciudadanía para reservar hora para el realizar el trámite de cambio de apellidos.

Explicó que la Ley N°21.334, sobre la determinación del orden de los apellidos, “da la posibilidad, a padre y madre, de definir en conjunto el primer apellido del primer hijo o hija -que establecerá el orden de los posteriores-, ya sea basados en creencias, convicciones o tradiciones, motivados por la intención de homenajear o de hacer prevalecer una generación, para establecer nuevas costumbres, o atendiendo a cualquier razón que los progenitores consideren como válida, reconociendo que tanto el legado paterno como materno son significativos, y que la autodeterminación identitaria de cada familia es un derecho al que nuestra sociedad ya tiene acceso”.

Además, dijo, esta nueva ley contempla que, cumplida la mayoría de edad, “hijos e hijas pueden optar -por una vez en sus vidas- de forma ágil y gratuita, a invertir el orden de sus apellidos, ya sea por respeto a sus madres o abuelos matemos, y a la dedicación y el cuidado que, en ausencia de la figura paterna, recibieron durante su infancia y adolescencia, o, simplemente, porque el legado obtenido por línea materna ha dejado una huella más profunda en sus vidas”.

La seremi Said apuntó que, “motivos para alterar el orden acostumbrado de los apellidos podremos encontrar muchos, pero lo cierto es que la formulación de esta ley por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recoge, una vez más y de forma muy certera, el sentir de la ciudadanía, democratizando un trámite al que, anteriormente, sólo podían acceder quienes tenían recursos económicos para cubrir los costos de la judicialización del proceso”.

Concluyó destacando que, “ciertamente, estamos cerrando un periodo innegablemente fértil en materia legislativa, en el que, además de la citada ley, empujamos otras muy sentidas, como el cambio de sexo registral, el registro de deudores de pensiones de alimentos, o la tobillera electrónica en casos de VIF, demostrando nuestro compromiso institucional con la justicia y los derechos, así como con la igualdad y la equidad”.