En enero del presente año fue promulgada y publicada en el Diario Oficial, la Ley N°21.527, que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introdujo modificaciones a la Ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Su entrada en vigencia permite al Estado de Chile avanzar en el cumplimiento de la obligación de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN).

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya implementación se está realizando de manera gradual, tiene como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de las y los jóvenes infractores de ley y a la implementación de políticas de carácter intersectorial.

Este organismo será especializado en temáticas de adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia, contará con un alto nivel técnico y profesional en cuanto a su estructura organizacional y un con modelo de intervención especializado para la reinserción social juvenil.

Consejo de Estándares y Acreditación

En julio se constituyó y entró en funcionamiento el Consejo de Estándares y Acreditación, institución angular en esta reforma que deberá gestionar de calidad de los programas que son parte de la intervención que se realizará con las y los jóvenes en conflicto con la ley, los que deben estar encaminados a fortalecer sus procesos de reinserción social.

Dentro de sus principales tareas el Consejo debe aprobar los estándares de funcionamiento de programas y acreditar a ejecutores en el ámbito de la reinserción social juvenil. Asimismo, se encargará de llevar a cabo la acreditación de programas y ejecutores.

Son parte de este Consejo, cinco miembros expertos en las áreas ligadas al desarrollo de los sujetos de atención o a la justicia juvenil.

Fueron seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública y durarán cuatro años en el cargo, pudiendo ser renovados por un período. Sus funciones son:

a) Aprobar, previa propuesta del director nacional, los estándares de funcionamiento para los programas relacionados a la ejecución de las medidas, sanciones y mediaciones.
b) Aprobar, previa propuesta del director nacional, los estándares de acreditación para las personas jurídicas sin fines de lucro y personas naturales que, en su caso, administren los programas referidos en el literal anterior.
c) Acreditar a las personas jurídicas sin fines de lucro y declarar la pérdida de dicha acreditación, en conformidad a lo dispuesto en la Ley y el presente reglamento.
d) Acreditar los programas relacionados con la ejecución de las medidas, sanciones y mediaciones, como también declarar la pérdida de dicha acreditación.
e) Acreditar a las personas naturales que presten servicios y declarar la pérdida de dicha acreditación.
f) Asesorar al director nacional, en relación con el desarrollo técnico del Servicio respecto de las materias que le sean consultadas.
g) Ejercer las demás atribuciones que las leyes le encomienden.