De manera telemática, producto de la contingencia sanitaria, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, encabezó este jueves la transmisión de la Cuenta Pública de esta secretaría de Estado correspondiente a la gestión 2020, la cual estuvo enfocada en cuatro ejes: acceso a la Justicia, nuevo trato a la niñez, modernización institucional y promoción y protección de los derechos humanos.

Asimismo, los subsecretarios de Justicia, Sebastián Valenzuela, y de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, respondieron consultas de la ciudadanía antes de concluir la jornada, reiterando los avances que han habido en materia sectorial y lo que ya se encuentra en desarrollo de cara al término del actual gobierno en marzo de 2022.

Discurso Cuenta Pública
Ministro De Justicia y Derechos Humanos

27 de mayo 2021

Muy buenos días, quiero comenzar esta terceraCuenta Pública, extendiéndoles un saludo muy cordial de parte del Presidente de la República Sebastián Piñera, a todos quienes ejercen funciones en dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sus Secretarias Regionales Ministeriales desde Arica a Magallanes, incluidas sus dos Subsecretarías encabezadas por Lorena Recabarren y Sebastián Valenzuela, y a todos sus Servicios dependientes y relacionados. Desde el primer día de gobierno, hemos trabajado con perseverancia para cumplir con el compromiso de avanzar hacia un mejor país, con mayor justicia y comprometido con el respeto a los derechos humanos, labor que hemos venido realizando con dedicación y abnegación, y que será así, hasta el último día de gobierno del Presidente Piñera.

Luego de haber cumplido poco más de 3 años de labor en el Gobierno y específicamente liderando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, llega el momento de hacer una pausa y dar cuenta a la ciudadanía de los principales hitos alcanzados durante este tiempo, así como de aquellos que se encuentran aún en proceso, todo lo cual constituye el legado que esperamos dejar a chilenos y chilenas, al terminar nuestro período en marzo de 2022.

Para dar cuenta de la labor desplegada, en función de los objetivos trazados, analizaré de qué manera hemos enfrentado este desafío durante estos años, exponiendo sobre los cuatro ejes que han guiado nuestra hoja de ruta institucional, cumpliendo así con el programa de Gobierno, avanzando hacia un Chile justo. Estos ejes son: (i) acceso a la Justicia, (ii) nuevo trato a la niñez, (iii) modernización institucional y (iv) promoción y protección de los derechos humanos.

I)                    Acceso a la Justicia

Desde el inicio de esta administración pusimos el foco en mejorar, con una mirada desde la ciudadanía, la modernización del sistema de justicia, promoviendo normas y políticas públicas orientadas a facilitar el acceso y la protección de los derechos de las personas.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental, aun cuando tradicionalmente se ha entendido desde una perspectiva institucional y procedimental, incorporando el derecho a recurrir a tribunales, al debido proceso y a contar con un abogado,actualmente la comprensión de este derecho abarca otras dimensiones, como el empoderamiento legal, contar con servicios legales y judiciales centrados en las personas y la existencia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

De acuerdo a esta nueva mirada, se hace imprescindible contar con una institucionalidad más moderna, accesible y coordinada que permita disponer de diversos mecanismos que procuren una efectiva protección de los derechos de las personas y resuelvan sus necesidades jurídicas.

Desde la perspectiva de nuestra institucionalidad, quisiera destacar en primer lugar la reactivación de la Reforma Procesal Civil que, a través de un nuevo Código Procesal Civil, una Ley de Mediación y modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, va a instalar una nueva Justicia Civil en Chile. El objetivo de esta reforma es terminar con la ineficacia de un sistema judicial que no responde a las necesidades del país: tenemos un sistema caro, con procedimientos engorrosos, de larga duración. ¡No queremos una justicia que dure años, sino que las personas resuelvan sus conflictos en días o meses! Buscamos garantizar a las personas un acceso a la justicia oportuno y de calidad, eliminando las barreras que hoy existen.

En segundo lugar, con el propósito de mejorar y modernizar nuestro sistema judicial, en abril presentamos el Proyecto de Ley que Modifica el Sistema de Nombramiento de Jueces. Esta propuesta surge de una mesa de trabajo interinstitucional convocada por nuestro Ministerio el año 2018, y se orienta a fortalecer la independencia interna de los jueces, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos; y estableciendo un sistema de selección transparente basado estrictamente en el mérito, entre otros aspectos. Para esto, se propone crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, organismo autónomo que dirigirá el procedimiento y que resolverá sus designaciones siempre mediante una decisión colegiada y fundada.

También quisiera destacar la presentación, en enero pasado, del proyecto de ley que propone crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas que otorga una respuesta unificada y pertinente a las necesidades jurídicas de cada persona, a través de la entrega de asesoría, defensa y representación jurídica otorgada por personal profesional, con un reconocimiento y preocupación especial por los grupos más vulnerables de la población.

Este nuevo Servicio contendrá la nueva Defensoría de Víctimas, mediante la cual se otorgará asesoría y defensa jurídica gratuita a las personas naturales víctimas de delito, otorgando también atención psicosocial, integrando en una sola institucionalidad la oferta actualmente existente. Adicionalmente, para efectos de reforzar el rol de la víctima y el ejercicio de sus derechos en el proceso penal, proponemos algunas modificaciones para reforzar su información, protección y participación en el proceso penal.

En materia de justicia penal, esperamos presentar prontamente un Nuevo Código Penal, que reemplace al vigente desde 1874, lo que quizás constituirá el hito jurídico normativo más importante en la materia desde entonces.

La revalorización de los intereses que debe proteger el derecho penal y la consolidación de ellos en un solo cuerpo legal ha sido el anhelo durante décadas, contrarrestando la dispersión normativa en este ámbito que ha caracterizado el devenir legislativo. Así, el proyecto que presentaremos constituye la culminación de un trabajo colectivo que se extendió por siete años, comenzando en nuestro primer Gobierno, y que pretende hacer uso de la información existente para poner la legislación penal sustantiva chilena al día con los más altos estándares técnicos disponibles en nuestra ciencia jurídica, así como generar una regulación sistemática por la vía de recodificar buena parte de la legislación penal dispersa en leyes especiales.

Para fortalecer la independencia institucional de la Defensoría Penal Pública, presentaremos un proyecto de ley que busca el reconocimiento expreso de su naturaleza autónoma. La iniciativa creará un Consejo de la Defensa Penal Pública que tendrá por funciones la revisión, evaluación y control de los procesos y actividades de la Defensoría Penal Pública, dando paso a un organismo de naturaleza consultiva estratégica. Finalmente, se contempla la adecuación de los procesos de nombramiento y remoción del Defensor Nacional y su duración en el cargo, de designación mixta, que combina la intervención del Consejo de Alta Dirección Pública, el Consejo de la Defensa Penal Pública, el Presidente de la República y el Senado.

Aun cuando hemos avanzado en estas importantes reformas, también hemos debido enfrentar los desafíos que la pandemia mundial del COVID-19 ha generado para nuestro sistema de justicia, debiendo resguardar su adecuado funcionamiento.

Por ello, a pocos días de decretarse el primer estado de excepción constitucional por calamidad pública, ingresamos a tramitación el proyecto de ley que Establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, ley publicada el 02 de abril del 2020 y que permitió dar continuidad al servicio de justicia, principalmente, en materias prioritarias como causas de violencia intrafamiliar, o aquellas que involucran vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otras. El establecimiento de un régimen jurídico de excepción permitió autorizar procedimientos judiciales que se tramitan por vía electrónica y la utilización de medios remotos para las audiencias que se requieran, por necesitarse de la intervención urgente del tribunal.

Resulta también relevante resaltar que, en el marco de las acciones adoptadas a raíz de la emergencia sanitaria, se logró, en abril de 2020, la publicación de la ley de Indulto Conmutativo. Ésta permitió que personas condenadas por delitos de baja peligrosidad, pudieran cumplir sus penas bajo arresto domiciliario, cuando correspondan a población de riesgo, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas o madres con hijos menores de dos años, objetivo que se logró con éxito, al beneficiarse con esta medida alrededor de 1.800 personas privadas de libertad.

Sin embargo, durante estos meses ha quedado en evidencia que la naturaleza es impredecible, extendiéndose la pandemia por más tiempo de lo se creía inicialmente, lo que ha obligado a seguir revisando el funcionamiento del sistema de justicia, evidenciando la necesidad de regular una nueva forma de operación que privilegie las vías remotas y generar eficiencias que permitan hacerse cargo del alto volumen de causas y audiencias pendientes de agendamiento en todas las materias. Es así que, tras un trabajo conjunto con todas las instituciones que forman parte del sistema de justicia, ingresamos al Senado en septiembre de 2020, el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública (Boletín 13.752-07) que actualmente inicia su segundo trámite constitucional.

Conscientes que el desafío de un mejor y mayor acceso a la justicia es compartido por otras naciones, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante estos años hemos liderado la línea de acceso a la Justicia de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y ejercimos durante el periodo 2019-2020, la Presidencia del Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia.

Este eje de trabajo para la modernización del sistema de justicia, incluye también una nutrida agenda legislativa y normativaque comprende la presentación de más de 30 iniciativas. Hasta hoy, al menos 10 reglamentos se han sancionado y 20 proyectos de ley se han publicado y tramitado.

Con el objeto de garantizar un trato justo a todos los ciudadanos y ciudadanas y combatir con eficacia todo tipo de abusos, hemos impulsado una agenda anti abusos y trato justo.

En primer lugar, estamos avanzando en la tramitación de un proyecto de ley que contempla la implementación de un nuevo estatuto de protección del denunciante que, en palabras concretas, permite aumentar y fortalecer los mecanismos de protección para quienes efectúan denuncias tanto ante las autoridades administrativas, como en sede penal, sancionando posibles acciones de persecución u hostigamiento, y aumentando los estándares de la probidad para todo el personal de la Administración del Estado, además de dar consagración normativa al canal de recepción de denuncias ante la Contraloría General de la República.

Esta política pública viene a optimizar las medidas de control que tienen los ciudadanos frente a sus instituciones, sobre los actos de las autoridades y los funcionarios públicos, fortaleciendo la línea de base que inspirara nuestra gestión para lograr la aprobación del estatuto anticorrupción a fines de 2018, enfrentando así el actual escenario de pérdida de confianza en el país tanto en las instituciones del Estado, como en quienes las administran.

Una segunda iniciativa, es el Proyecto de ley que Reforma el Sistema Notarial y Registral,que se encuentraen segundo trámite desde enero de 2020, cuya pronta aprobación nos permitirá cumplir el mandato presidencial respecto de simplificar la vida de las personas, devolverles el tiempo que tan valioso es hoy en día, con trámites más simples, transparentes, accesibles y de menores costos, proyecto que nadie puede impedir lograr.

También debemos destacar la presentación, en diciembre de 2020, del “Proyecto de Ley contra el Crimen Organizado”, que busca combatir las bandas delictuales y las asociaciones ilícitas, el nuevo fenómeno delictual, dotando a las policías, a la fiscalía y a los tribunales de justicia de nuevas herramientas, modernas y eficaces para la persecución penal, estableciendo nuevos tipos penales que permitirán decomisar las ganancias derivadas de estas actividades ilícitas. Asimismo, el proyecto contiene una regulación sistemática y orgánica de las técnicas especiales de investigación, extendiéndola a todos los casos de criminalidad organizada. Esta iniciativa forma parte de la agenda de seguridad del país.

El rol de nuestro Ministerio en materia de acceso a la justicia no se limita a impulsar y liderar las reformas institucionales y legales en la materia, nuestros servicios cumplen una función fundamental en garantizar este derecho.

Durante el 2020, las Corporaciones de Asistencia Judicial entregaron asesoría jurídica en 641.943 casos, tanto por medios presenciales como por vías de atención remotas, y se patrocinaron más de 119.000 nuevas causas.

Quisiera destacar la implementación a nivel nacionaldelPrograma de Defensa Jurídica Integral para adultos mayoresque busca mejorar el acceso a la justicia para adultos mayores, otorgándoles una defensa jurídica de manera integral, especializada y acorde con sus necesidades.

Esta defensa se presta a través de duplas socio jurídicas que, desde agosto del año pasado a febrero de este año, ya han atendido a 3.631 casos e ingresado 837 causas a los Tribunales de Justicia.

Por otra parte, la Defensoría Penal Pública durante el año 2020 atendió un total de 359.304 causas, de las cuales un 88,23% correspondieron a hombres y solo el 16,8% a mujeres.

Uno de los principales logros en materia de defensa técnica es la incorporación de la línea de defensa en unidades policiales, proyecto que ha contado con el apoyo del Programa EURosociAL+ de la Unión Europea, tanto en el desarrollo del Diagnóstico, el cual fue publicado en julio del 2020, como en la elaboración del Modelo de defensa a personas imputadas en unidades policiales, concluido en febrero pasado, y comenzará a implementarse en 5 regiones de nuestro país. Así se busca materializar la cautela y resguardo de los derechos humanos en la primera etapa del proceso penal, momento en que el o la imputada se encuentran más indefensos y vulnerables.

Finalmente señalar que, para mejorar el acceso a la justicia, ha sido primordial la participación de la ciudadanía como un enfoque estratégico de nuestra gestión.Con ese objetivo, se inicia el diseño y desarrollo en 2019 y se implementa el 2020, la plataforma digital, Conecta Justicia.

Desde que se inauguró esta plataforma, en junio de 2020, se han desarrollado 7 procesos participativos, gracias a la inscripción de 5.722 personas que respondieron consultas, enviaron ideas y fueron parte de este nuevo canal de interacción entre el Estado y la sociedad.

A través de esta canal de participación, nos planteamos la necesidad de interactuar con las personas, obtener sus opiniones, ideas, sugerencias y críticas, para de esta forma mejorar con retroalimentación la elaboración de los programas, planes y políticas de nuestra cartera, avanzando hacia una justicia más moderna, oportuna y cercana para todos.

En esta misma línea, durante el mes de septiembre del año pasado realizamos la Feria Digital Conecta Justicia, con el objetivo de colocar a disposición de la ciudadanía nuestros servicios dependientes. Durante los tres días de la Feria, se realizaron 128.324 atenciones de profesionales quienes asesoraron jurídicamente, apoyaron a los usuarios en la realización de trámites y   aclararon dudas por ejemplo de cómo hacer el trámite para la posesión efectiva o en qué consiste el programa de mediación. Para este año, estamos preparando una segunda versión de esta Feria Digital. Porque entendemos que es necesario acercarnos a las personas, nuevamente tendremos a su disposición, de manera simultánea y remota, todos nuestros servicios.

II)                  Nuevo Trato a la niñez
El segundo pilar del trabajo realizado a lo largo de esta administración ha sido generar un nuevo trato a la niñez: su protección y resguardo de sus derechos constituye un eje prioritario en la labor de este Gobierno y, especialmente, del Ministerio de Justicia y Derechos humanos.

Con este propósito hemos desarrollado numerosas iniciativas institucionales, permitiendo con ello avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Infancia, que estableció diversas medidas a cumplir en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados.

En materia de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes quisiera relevar el rol que ha desempeñado el Programa Mi Abogado, el cual ha otorgado representación jurídica especializada e interdisciplinaria a niños y niñas que han sido separado de sus familias producto de haber sido víctimas de una vulneración grave en sus derechos, cumpliendo así, de los estándares impuestos por la Convención de Derechos del Niño.

Esta Defensa Jurídica se realiza bajo una serie de estándares técnicos y exigencias administrativas, que dan cuenta de un alto nivel, y es otorgada a través de una triada compuesta por un abogado, psicólogo y trabajador social, quienes en conjunto asumen su representación jurídica, manteniendo un contacto directo y permanente con ellos, con el propósito de garantizar sus derechos y su mayor bienestar en la situación proteccional en la que se encuentran, con el objetivo final de propender a su revinculación familiar.

El Programa Mi Abogado opera a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial e inició su proceso de implementación el año 2017, en cuatro regiones del país, alcanzando su cobertura nacional el 2020, con un total 19 oficinas y 285 profesionales, llegando a cada rincón de Chile donde se encuentren los representados. Durante el 2020, el programa atendió a 9.208 niños, niñas y adolescentes, superando la cobertura proyectada, logro que nos da una gran satisfacción, considerando que estamos hablando de quienes son los más vulnerables de nuestro país.

Este nuevo trato a la niñez también tiene por objeto lograr la materialización de mejoras significativas para las niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado. Por esta razón, el Servicio Nacional de Menores está implementando el rediseño del cuidado alternativo residencial y el fortalecimiento de la modalidad de familias de acogida, la cual se ha transformado en la oferta más relevante de cuidado alternativo desde 2018 en el país, llegando al 56% durante el año 2020 (10.157 niñas y niños), y al 69% en los menores de seis años (3.353 niñas y niños).

El nuevo modelo residencial ha implicado la creación de nuevas residencias familiares en Coyhaique, Concepción, Santiago, Valparaíso y Arica, además de la implementación de una residencia de alta especialidad en la comuna de Santiago y nueva residencia de administración directa para Magallanes. Durante este año concluiremos el proceso de cierre de los CREAD y llevaremos a cabo una reforma de las residencias de lactantes. Junto con ello, continuaremos trabajando en la creación de una oferta programática adecuada que permita avanzar hacia la reunificación familiar y mejorar los planes de desinternación, y en la implementación de un nuevo modelo de Residencia de Alta Especialidad, a fin de hacernos cargo de los niños y niñas con necesidades múltiples y complejas.

Al finalizar el Sename luego de la creación del Servicio Mejor Niñez y la pronta creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, esperamos -con los muchos cambios introducidos en estos años- que el trato a la niñez vulnerada y vulnerable, así como a los infractores juveniles, haya experimentado una significativa mejoría en la restitución de sus derechos.

En materia legislativa, también hemos realizado esfuerzos relevantes para avanzar en un mayor resguardo de nuestros niños, niñas y adolescentes. En enero del 2019 se promulgó la ley que incorpora nuevos estándares al Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores del Sename y modificó el régimen de subvenciones.

La aprobación del proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, marcó un hito mayor en materia de protección de la infancia en derecho penal. Desde la promulgación de esta ley, en julio de 2019, quienes intenten o abusen de un niño o niña podrán ser perseguidos penalmente durante toda la vida, sin importar cuanto tiempo haya transcurrido.

En esta misma línea resulta fundamental avanzar en el proyecto de ley que excluye del beneficio de rebaja de condena a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra menores de edad, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. Es necesario que nuestra legislación diferencie a las personas que han sido condenadas por estos graves delitos, impidiéndoles obtener este beneficio que disminuye el tiempo de cumplimiento de su condena. Solo así podremos seguir reforzando la debida protección que necesitan niños, niñas y adolescentes.

Por esta misma razón, seguiremos impulsando la tramitación del proyecto de ley que mejora el funcionamiento del Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad y que permite, entre otras cosas, que sea obligatorio que todos los años el Ministerio de Transportes revise que todos los transportistas escolares del país no tengan condenas por delitos sexuales contra menores, cancelándoles los permisos a quienes incumplan la normativa.

Complementando lo anterior, debemos destacar la implementación de la Ley 21.057, de entrevistas Videograbadas que, con el objeto de proteger en el proceso penal a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, establece un nuevo marco normativo que regula la toma de declaraciones y la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas durante el proceso judicial. Esperamos poder concretar en pocos días más la segunda etapa de la ley, en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos; así como su tercera etapa, en Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana en diciembre de 2022.

Finalmente, cabe señalar que uno de los proyectos emblemáticos en la reforma que se lleva adelante en materia de niñez y adolescencia, es el que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenily establece modificaciones a la ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, ya que con su aprobación terminaremos de reformar la institucionalidad de la niñez en nuestro país, reforzando la atención especializada que se requiere.

Esta iniciativa plantea un verdadero cambio en la forma en que se aborda la intervención respecto de los jóvenes en conflicto con la justicia, poniendo el énfasis en la especialización tanto de la respuesta del sistema penal como de la intervención propiamente tal. Es por esto que el proyecto no sólo crea un nuevo Servicio, sino que plantea un modelo de intervención en su base orientado a lograr el abandono del delito y la plena integración social, modifica el sistema de financiamiento vigente, introduce modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente y también introduce modificaciones a las leyes que rigen las instituciones que forman parte del sistema de justicia. Hoy se encuentra en tercer trámite constitucional.

III)                Modernización institucional

Avanzar hacia un Estado al servicio de las personas, promoviendo reformas, mejoras, proyectos, inversiones e innovaciones necesarias para alcanzar tales propósitos, es nuestro tercer eje de acción, la modernización institucional del sector justicia.

En este sentido, ha sido fundamental no solo avanzar hacia una justicia más moderna y accesible, sino que, fortalecer y modernizar la gestión de los servicios dependientes y relacionados, para facilitar la vida de las personas, pues entendemos que ambas acciones deben elaborarse conjuntamente para que sean efectivas en la práctica.

En ese marco de acción, nuestro Ministerio impulsa la política de generar edificación con recursos sectoriales, generándose mayores beneficios por ahorros de tiempo de usuarios y funcionarios al concentrarse con otros servicios del sector justicia.

El Edificio Sector Justicia Puerto Montt, es la primera edificación bajo esta modalidad, por tanto, es también un nuevo modelo de operación que está en proceso de habilitación, para una próxima entrada en funcionamiento. De la misma forma, se encuentra en proceso de licitación de obras, el Edificio Sector Justicia de O’Higgins, lo que constituye un gran avance en la materia antes descrita.

Uno de los hitos relevantes en materia de modernización que hemos llevado adelante, lo ejecutamos en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Gracias al compromiso del Gobierno y al trabajo de sus funcionarios, entre 2018 y 2020 fortalecimos la obtención de documentos de manera no presencial. Para ello, aumentamos la cantidad de trámites que pueden realizarse digitalmente y mejoramos todos los canales de atención institucional: página web, aplicaciones móviles e inauguramos más de 195 Tótems de atención a lo largo del país (a los que debemos agregar 105 más que se instalarán este año para totalizar 300), de manera de hacer más accesible la obtención de documentos sin necesidad de acudir a una oficina. En esta línea, alcanzamos 48 trámites digitales y, además, dispusimos de 19 certificados gratuitos para la ciudadanía, ahorrando tiempo y recursos a las personas.

Lo anterior, significó triplicar la emisión de certificados digitales respecto de la atención presencial. Así, durante el año 2019, se emitieron más de 38 millones de certificados en línea y solo 10 millones en oficinas presenciales; y, durante el año 2020, más de 40 millones de certificados en línea y 4 millones presenciales. Esta modernización nos permitió enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria que vive el país, disminuyendo, de este modo, las aglomeraciones en las oficinas.

Durante el 2020, fue clave también la extensión, por un año más, de las cédulas de identidad que originalmente vencían durante el año, beneficiando a más de 2,3 millones de personas que no tuvieron que acercarse a las oficinas del Registro Civil, exponiéndose a los riesgos del Coronavirus.

En esta misma línea y ante la alta demanda para la obtención de clave única que se realiza en el Servicio, la que permite además acceder a una oferta de 1.017 trámites disponibles en el Estado por medios no presenciales, avanzamos en la realización del trámite de forma no presencial, a través de la implementación del proyecto Clave Única Remota (CUR) que permite su obtención mediante un proceso de videollamada, así como también trabajamos en la mejora y optimización del proceso de obtención del código para la activación de la Clave Única Presencial.

En cuanto al mejoramiento de la infraestructura del Servicio de Registro Civil e Identificación, actualmente se encuentran en etapa de diseño los proyectos de Reposición de las Oficinas de Las Cabras en Región de O’Higgins y San Nicolás en la Región del Ñuble. Por otra parte, tenemos 6 iniciativas en etapa de ejecución para la renovación de las oficinas de Diego de Almagro en la Región de Atacama, de Quilpué en la Región de Valparaíso, Curicó y Teno en la Región del Maule, Mulchén y Santa Fe, Los Ángeles en la Región del Biobío y finalmente la Oficina de Puente Alto en la Región Metropolitana.

En el ámbito de inversión en infraestructura, destacamos los esfuerzos realizados en Gendarmería de Chile,para seguir mejorando las condiciones de habitabilidad de la población penal del país.

En esta línea, señalar que durante esta administración hemos ejecutado cerca de 100 proyectos, en 73 unidades penales del país, entre las que destacan: mejoramiento de redes eléctricas, conservación de instalaciones sanitarias, habitabilidad de los dormitorios y otras dependencias utilizadas por el personal del servicio.

En infraestructura podemos destacar la inauguración del Centro Penitenciario Femenino de Arica y Parinacota, que corresponde a la primera cárcel diseñada y construida para mujeres. También resaltar la “Reposición Centro Cumplimiento Penitenciario Concepción” (El Manzano) que considera 544 plazas adicionales, y el enorme avance en las obras del Recinto Modelo de Educación y Trabajo, “La Laguna” en la región del Maule, las que esperamos que estén finalizadas al terminar este año.

En materia de modernización, también hemos llevado adelante 2 proyectos emblemáticos de esta gestión: la Ley de moderniza la carrera funcionaria de gendarmería y el +R.

Desde que, en el 2019, lanzáramos el “Programa +R: más reinserción, mayor seguridad”, hemos trabajado con el objeto de facilitar la capacitación e inserción laboral de personas privadas de libertad en todo el país, para infractores de ley jóvenes y adultos, con el objetivo de entregarles nuevas herramientas que les permitan reinsertarse en la sociedad, mediante la colocación laboral, pero también con el anhelo de disminuir el riesgo de reincidencia delictual de cada uno de ellos.

Al respecto, y gracias a alianzas público privadas, hemos desarrollado durante este período una serie de acciones que privilegian el acceso al trabajo y educación en las cárceles del país, entre las que destaca la implementación del convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, para la adjudicación de becas laborales y la realización de cursos de capacitación intrapenitenciaria en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía, beneficiando a más de 300 personas.

Debemos señalar que, junto al organismo, también se ejecutaron capacitaciones en determinados oficios, lo que permitió que más de 700 internos fueran parte de esta actividad.

El propósito que nos hemos impuesto tiene por finalidad que los internos puedan optar por cumplir sus condenas usando el tiempo en capacitarse, aprender un nuevo oficio y prepararse para enfrentar un futuro con mejores expectativas. Por ello, hemos sumado a este desafío, ampliar la oferta que entrega el programa +R, incorporando a instituciones universitarias e institutos técnicos profesionales y de esta forma, entregar conocimientos que permitirán aumentar infinitamente las posibilidades de reinserción social. Lamentablemente, el avance de esta iniciativa se ha visto afectado tanto por el estallido social como por la pandemia, retrasando su implementación masiva; pero ya hemos retomado su andar y esperamos institucionalizar su existencia para hacer realidad permanente el compromiso de Gendarmería con la reinserción.

Modernizar la carrera funcionaria de gendarmeríaa través de la presentación del proyecto de ley aprobado a fines de 2019, nos permitirá tanto fortalecer las labores de reinserción social que realizan los funcionarios de la institución, como mejorar las condiciones laborales de los más de 20 mil trabajadores y trabajadoras de la institución. Lo destacable de este proyecto, es que fue fruto de un acuerdo transversal con todos los gremios y que responde además a un viejo anhelo de los funcionarios uniformados y no uniformados, porque mejora su carrera funcionaria, con mayor movilidad, ascensos con mayor efectividad e incentivos al retiro que antes no existían, reconociendo su importante labor para con el país.

Otra de las instituciones en las que hemos implementado mejoras en materia de modernización en cuanto a su infraestructura, es el Servicio Médico Legal. Desde el año 2018, venimos implementado nuevos centros periciales en el país, aumentando a 42 las sedes médico legales. Estas nuevas instalaciones en Cañete, Los Ríos, Los Lagos y el inicio de las obras para una nueva sede en la región del Maule, la Sede de Chillán en la región de Ñuble, lo han hecho posible.

También fueron ampliadas y remodeladas las sedes regionales la Serena, la Araucanía y Los Lagos. En Temuco, mejoramos los espacios periciales, las áreas de atención y su equipamiento, dotando a la región con un edificio forense de alto nivel. Asimismo, la tecnología de punta fue incorporada, mediante nuevos equipos para los laboratorios de toxicología de las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío dotándolos para la detección de sustancias como drogas y medicamentos.

En la actualidad, se encuentran en formulación para etapa de diseño (ingeniería, arquitectura y especialidades) 2 proyectos: Sede Arica en el norte e Illapel en la Región de Coquimbo. Por otra parte, en etapa de ejecución próxima al inicio de obras civiles se hallan 3 iniciativas de inversión con financiamiento directo de la Subsecretaría de Justicia, que involucran las Sedes de Coyhaique en la Aysén, Quillota-La Calera en Valparaíso, y finalmente el Edificio Central del SML Nacional en la Región Metropolitana.

Potenciamos los lugares de atención a víctimas de agresiones sexuales, incorporando en las sedes regionales un nuevo estándar arquitectónico y equipamiento adecuado para la realización de peritajes sexológicos, de acuerdo a la normativa técnica vigente, conformando equipos multidisciplinarios para la atención integral de víctimas, y la dotación de unidades móviles para garantizar su accesibilidad a personas de lugares más extremos.

Finalmente, y como parte de los compromisos de esta administración, cumplimos con la construcción de una nueva sala de deudos en la histórica sede central del Servicio Médico Legal, en Avenida La Paz, Santiago, que permite a las personas, familiares y usuarios de este servicio, esperar los resultados de una autopsia con un espacio y una atención especial para enfrentar dicho momento. Tanto éste como otros compromisos forman parte de un eje clave, como lo es la dignidad en el acceso a la justicia y la orientación que tienen que tener los servicios hacia sus usuarios.

En este sentido, nuestro desafío como Gobierno es seguir transformando al Servicio Médico Legal en referente técnico y humano que apoya la labor de los Tribunales de Justicia.

IV. Promoción y protección de los Derechos Humanos

Uno de nuestros compromisos más relevantes ha sido la promoción y protección de los derechos humanos, eje prioritario para nuestro Gobierno y Ministerio, enfatizando el desarrollo de políticas públicas dirigidas a grupos de especial protección, como personas con discapacidad; niños, niñas y adolescentes; mujeres; personas privadas de libertad; migrantes; LGBTIQ+; pueblos originarios y personas mayores.

El Plan Nacional de Derechos Humanos representa una herramienta de política pública que incorpora en las distintas reparticiones del Estado, el enfoque de derechos en el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas. La iniciativa fue elaborada en 2017, considerando un proceso de ajuste en 2018, finalizando en un instrumento con 608 acciones comprometidas por 42 instituciones del Estado.

En tal contexto, la Subsecretaría de Derechos Humanos ha consolidado seis reportes de avance del Plan, recopilando información sobre la ejecución de los compromisos. El último ciclo de reporte, desarrollado en noviembre de 2020, reflejó que el 21,5% de las acciones se encuentran finalizadas y el 62,2% en implementación. Solo un 8,7% no se habían iniciado y de 7,6% no se entregó reporte.

Durante el año 2020, se realizó la evaluación intermedia de la iniciativa, considerando que su implementación finaliza en diciembre de este año. En tal contexto, nuestra institución se encuentra elaborando la segunda versión del Plan, período 2022-2026, considerando tres ejes: (i) derechos universales, (ii) principio de igualdad y no discriminación y (iii) promoción de los derechos humanos, los que se dividirán en capítulos asociados a diversos temas.

Por su parte, el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas es una política pública que busca consolidar una cultura de respeto de los derechos humanos en la actividad empresarial. La iniciativa fue implementada entre agosto de 2017 y diciembre de 2020, siendo coordinada por la Subsecretaría de Derechos Humanos desde enero de 2019.

La iniciativa contempló 146 compromisos, distribuidos sobre la base de los tres pilares de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (2011): (i) obligación del Estado de proteger los derechos humanos, (ii) responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y (iii) acceso a mecanismos de remediación. La iniciativa finalizó con 89 acciones cumplidas (61%), 20 en implementación (14%), 24 (16%) finalizadas sin concretar y 13 (9%) no iniciadas, de un total de 146 medidas.

En la actualidad, nuestra institución se encuentra abocada al desarrollo de la segunda versión de este Plan, enfatizando la consolidación de espacios de participación de la sociedad civil, y la participación activa de las empresas públicas.

En el marco de las labores de la Subsecretaría de Derechos Humanos, nuestro gobierno ha fortalecido instancias de formación y capacitación en derechos humanospara funcionarias y funcionarios públicos, considerando la implementación de cursos en dos modalidades: presenciales y en línea. En el marco de la emergencia sanitaria, las capacitaciones han sido realizadas a través de una plataforma digital que posee un curso virtual de introducción a los derechos humanos, cuyo propósito es transmitir nociones básicas sobre éstos y sus características fundamentales.

A marzo de 2021, han participado 11.034 funcionarias y funcionarios públicos en los procesos de capacitación, donde el 50,1% son mujeres y 49.9% son hombres, con 8.163 personas certificadas. Cabe mencionar que nos encontramos elaborando una nueva instancia de formación, relacionada a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para complementar los procesos de capacitación, la Subsecretaría de Derechos Humanos ha desarrollado 8 cápsulas audiovisuales, que tienen por objeto informar sobre temáticas específicas en derechos humanos. Las cápsulas se encuentran disponibles en la página web de la institución, considerando elementos vinculados a (i) personas privadas de libertad, (ii) igualdad y no discriminación, (iii) niños, niñas y adolescentes, (iv) identidad de género, (v) prevención de la tortura, (vi) personas mayores, (vii) personas con discapacidad y (viii) derechos humanos y empresas.

En materia de memoria histórica, hemos convocado a la sociedad civil a postular a Fondos Concursables que permitan consolidar proyectos de cultura y sitios de memoria. La realización de dichos fondos es parte de las funciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el objeto de ejecutar una política de memoria que responda a las obligaciones contraídas con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, en materia de reparación y memoria, y que contribuya a la promoción de una cultura de respeto de derechos humanos.Este año, por medio de un jurado, se han seleccionado 5 proyectos de sitios de memoria y 9 proyectos de cultura, para ejecutarse el 2021.

Con el objeto de preservar y fortalecer la memoria histórica, nuestro gobierno ha impulsado el desarrollo de una plataforma digital para visibilizar los proyectos culturales vinculados a los eventos ocurridos en el periodo 1973-1990. Dicha Subsecretaría presentó hace pocas semanas el proyecto denominado “Archivo de la Memoria”, que tiene por objeto consolidar un espacio digital para registrar, sistematizar y visibilizar los proyectos culturales asociados a sitios de memoria financiados por la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Por otra parte, se estableció una mesa de trabajo destinada a elaborar un “Protocolo de Actuación para Instituciones Públicas en caso de daños o vandalización en Sitios de Memoria y Memoriales (1973 – 1990)”. Dicho documento, firmado en abril pasado, establece un procedimiento coordinado entre las Instituciones del Estado con competencias en materia de protección del patrimonio cultural y memoria, y la Sociedad Civil, para la oportuna y eficaz recepción, análisis, investigación y actuación ante denuncias de daños o vandalismo en Sitios de Memoria y Memoriales.

En el marco de las movilizaciones sociales que experimentó el paísen octubre de 2019, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos realizaron recomendaciones al Estado de Chile. Con fecha 4 de junio de 2020, el Comité Interministerial de Derechos Humanos acordó que la Subsecretaría de Derechos Humanos elaboraría un informe para sistematizar el estado de avance de las medidas adoptadas por nuestro país en relación a las recomendaciones recibidas.

Al 30 de junio de 2020, fecha de corte del informe, se reportaron doce acciones como implementadas o en proceso de implementación, 39 en estado de desarrollo o nivel inicial de desarrollo y 16 sin antecedentes. El documento fue presentado ante el Comité Interministerial de Derechos Humanos el 3 de septiembre del 2020. Además, fue remitido a los organismos nacionales e internacionales que emitieron las recomendaciones y se encuentra disponible al público en la página web de esta Subsecretaría.

Cabe señalar que el Comité Interministerial de Derechos Humanos acordó consolidar un segundo informe de avance en la materia, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020, el que fue presentado el 1 de abril de 2021.

Por su parte, nuestro Ministerio, consciente de las limitaciones habidas en las investigaciones y medidas adoptadas luego de las movilizaciones sociales de 2019, relacionadas con personas víctimas de violaciones particulares a derechos fundamentales, y acogiendo una iniciativa del INDH en el seno del Comité Nacional de Coordinación de la Justicia Penal que presidimos, constituyó un grupo de trabajo destinado a estudiar los nudos críticos de este proceso, para procurar entregar soluciones más eficaces que den cuenta del compromiso que tienen en ello estas instituciones. Este grupo ha sido coordinado por la Subsecretaria de DDHH y esperamos pronto entregar propuestas concretas.

En términos legislativos, la Subsecretaría de Derechos Humanos mantuvo un rol activo en la tramitación de los siguientes proyectos, actualmente leyes de la República: (i) Ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, (ii) Ley N° 21.154 que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y (iii) Ley N° 21.171 que crea el Catastro Nacional de Mortinatos para facilitar su individualización y sepultación.

Por otro lado, en el marco de las recomendaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a raíz de las mencionadas movilizaciones sociales, nuestro gobierno ha impulsado la regulación del derecho a reunión pacífica. Para ello, se ha estimado fundamental realizar un amplio y extendido proceso de discusión y reflexión pre-legislativa, con participación de la sociedad civil y sumando a la mayor cantidad de actores posibles.

Para tal proyecto, en trabajo colaborativo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, hemos impulsado instancias de participación ciudadana, a fin de conocer las opiniones y observaciones del mundo académico; de ex autoridades y ex dirigentes, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, respecto de los elementos, características y objetivos que debiesen considerarse en un futuro proyecto de ley sobre derecho de reunión en Chile.

Con las instancias participativas ya referidas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos espera generar y consolidar un anteproyecto de ley que reconozca y promueva el ejercicio de derecho a reunión durante el primer semestre del año 2021 a efectos de iniciar el respectivo trabajo interministerial, con miras a presentar un proyecto de ley al Congreso Nacional, lo antes posible.

Junto a ello, nuestra institución se encuentra trabajando en la tramitación legislativa de otras iniciativas, donde se destaca el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la Ley N° 20.609 sobre medidas contra la discriminación (Boletín N° 12748-17).

Finalmente, cabe destacar que nuestra institución desarrolló una mesa de trabajo interinstitucional para abordar la situación de los niños y niñas que conviven con sus madres en establecimientospenitenciarios y de las mujeres embarazadas privadas de libertad. La iniciativa fue desarrollada durante el año 2019, presentando un informe con los principales hallazgos y propuestas, las que están siendo implementadas por diferentes instituciones, con el objeto de mejorar la situación de nuestros niños que conviven con sus madres privadas de libertad.

Palabras Finales.

Al concluir esta Cuenta Pública Participativa de nuestras actividades y compromisos, solo quiero reiterar mi gratitud con los equipos humanos de ambas subsecretarías a lo largo del país, así como de nuestros servicios. He aprendido a valorar su trabajo, imprescindible para alcanzar logros tan significativos como los brevemente expuestos. Debo agradecer también a quienes desde distintos ámbitos institucionales cooperan con nosotros para el impulso y perfeccionamiento de nuestra labor. El compromiso de hacer de Chile un país con real acceso a la justicia por todos y todas, es una tarea de Estado que, por amor a Chile, siempre debemos avanzar unidos por un irrenunciable proyecto común.

¡Muchas gracias!