Con el objetivo de elaborar una propuesta que busca revisar la normativa penitenciaria en materia intercultural y religiosa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos iniciará un proceso de diálogos con distintas instituciones, tanto del mundo académico como representantes sociales, para conocer su postura sobre cómo mejorar las condiciones de reclusión de las distintas etnias y credos, considerando no solo una mirada a nivel central, sino que también, la opinión de la realidad regional.

La metodología de trabajo será sostener encuentros semanales durante dos meses, que comenzarán la próxima semana, donde se desarrollará un diálogo abierto con actores institucionales vinculados a las temáticas señaladas, así como se oirá a organismos internacionales e intervinientes en el sistema penitenciario.

En este sentido, el Ministerio está abierto a recibir propuestas por escrito con el objetivo de identificar las brechas existentes, y elaborar soluciones que aborden el respeto a los derechos fundamentales en el sistema penitenciario.

Entre las instituciones convocadas están parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, así como representantes del Centro de Interculturalidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; de la Asociación del Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humanos (ADIR); de distintos credos (capellanía católica y evangélica) y pueblos originarios; representantes del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, junto a personeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y del Colegio Médico.

Al respecto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que “los cambios que vivimos en estos tiempos, obligan a transformar también nuestras instituciones. Por eso hoy llamamos a un diálogo intercultural y religioso, para cambiar la normativa que rige en los establecimientos penitenciarios, de manera que los pueblos originarios y las personas que tienen distintas creencias religiosas, puedan encontrar mientras están privados de libertad, el espacio y la oportunidad para hacer valer sus costumbres, su cosmovisión, sus ritos, su manera de practicar sus creencias, y así poder desarrollarse con plena libertad, en forma compatible con el régimen de prisión. Este es un proceso inédito, pero que es necesario avanzar, y lo haremos a través de un diálogo transparente y muy participativo, en donde los representantes de pueblos originarios, credos religiosos, y de las instituciones, podrán hacer valer sus puntos de vista. Es necesario, porque queremos una normativa que permita en nuestro sistema penitenciario la mejor convivencia y todas las libertades compatibles con esa situación”.

El Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, agregó que “la interculturalidad religiosa en los establecimientos penitenciarios nos lleva a replantearnos cómo se aborda actualmente esta temática, y a enfocarnos a revisar la normativa vigente en materia penitenciaria conforme a estándares internacionales. Sin duda es un importante paso el convocar instancias de diálogo, pues nos permitirán realizar cambios a la normativa interna actual”.

En tanto, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, dijo que “trabajar las políticas públicas con un enfoque basado en los derechos humanos, implica tener un compromiso con el principio de igualdad y no discriminación, así como impulsar una metodología que incorpore de manera eficaz la participación de diversas instituciones, organizaciones y grupos que se serán directamente afectados por las soluciones que se propondrán. De ahí que la convocatoria que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a dialogar, es amplia y participativa, involucrando a diversos actores para estudiar la normativa penitenciaria, con el objeto de atender las brechas de interculturalidad y religiosas, a la luz de los principios y estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos sobre la materia”.