Esta tarde, la Cámara de Diputados despachó a Comisión Mixta, el proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que crea un Estatuto de Protección al Denunciante, para detectar los delitos de corrupción en el Estado.

En concreto, la iniciativa creará un canal digital de denuncias, que operará en la Contraloría General de la República, para que cualquier persona natural o funcionario público, pueda denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado, en caso de estar en conocimiento de ellos.

La futura ley, para estos fines, le otorga el derecho al denunciante de solicitar la reserva total de su identidad, lo cual es esencial para protegerlo de eventuales actos de represalias u hostigamientos.

Luego, una vez revisada la denuncia por la Contraloría General de la República, ésta podrá ordenar investigaciones o sumarios, y si los hechos revistieren carácter de delito, tendrá que ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, en cuyo caso, deberá siempre mantener la reserva de identidad de la persona que efectuó la denuncia, en caso de haber sido solicitada.

Asimismo, si el denunciante fuera un funcionario público (de planta, contrata u honorarios), este podrá solicitar que la Controlaría disponga medidas de protección adicionales, con el objeto de prevenir actos que afecten su indemnidad o estabilidad laboral.

En ese sentido, la iniciativa castiga hasta con la destitución a aquellos funcionarios públicos que adopten acciones de hostigamiento en contra del denunciante, o en contra de quien declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia.

Además, para dotar de seriedad a la denuncia, el proyecto refuerza el delito de denuncia calumniosa, de modo de cautelar el buen uso del mecanismo, así como amplía el deber de denuncia de los funcionarios públicos a todo el personal de la Administración del Estado.

Respecto a su espectro de aplicación, el proyecto incluye a todas las instituciones descritas por el artículo 1º de las Bases Generales de la Administración Pública, es decir: ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de una función administrativa, incluidas las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, los gobiernos regionales y las municipalidades, que se encuentren sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

De igual modo, se contemplan normas relativas a la denuncia de hechos que involucren a organismos en que el Estado tenga representación o participación, o entidades privadas que reciban fondos públicos.

Tras la votación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que “con este proyecto, toda persona que sepa de hechos de corrupción, o de mal uso de recursos, en cualquiera de los órganos de la Administración del Estado, podrá denunciarlo formamente, pero con su identidad protegida y plenamente resguardado de represalias. Con esto, estamos avanzando en asegurar una Administración Pública con más musculatura para poder combatir la corrupción, en el marco de la Agenda Anti Abusos del Presidente Sebastián Piñera”.