La iniciativa busca reforzar la justicia de familia y la representación judicial de la niñez. Esta mañana, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, firmó en el patio de Las Camelias el proyecto de ley de fortalecimiento y resguardo del acceso a la justicia de niñez y adolescencia.

Este proyecto garantiza y fortalece el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, asegurando la participación activa de la niñez en los procedimientos judiciales, respetando sus opiniones, siendo debidamente representadas y tomadas en cuenta. La propuesta fortalece la justicia de familia y la representación judicial de la niñez, consolidando un marco legal que pone en el centro el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Lo que estamos haciendo hoy día es parte del trabajo, esto es un escalón. La adecuación y modernización de la Ley de Tribunales de Familia y la derogación de la Ley de Menores es un avance, sin lugar a duda, porque vamos a asegurar de manera efectiva la promoción, prevención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señaló el Mandatario.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que: “Este proyecto constituye uno de los avances más relevantes en materia de protección jurídica de los y las niños, niñas y adolescentes. Para su elaboración, la Subsecretaría de Justicia convocó hace un año a un Foro Académico de 15 integrantes, que fue el que elaboró una propuesta, que luego fue consultada a actores relevantes del sistema, con los que finalmente arribamos a la iniciativa que hoy damos a conocer”.

“Este proyecto de ley no es una única iniciativa, sino que es parte de un conjunto de medidas que son necesarias para una buena implementación de la Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia, que es uno de los principales mandatos que me dio el Presidente cuando me nombró como ministra de Desarrollo Social y Familia. Es una de nuestras agendas prioritarias. Esta modificación legal va a permitir garantizar de mejor forma, a través de mecanismos judiciales y administrativos, los derechos de niños, niñas y adolescentes”, relevó la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.

Sobre el proyecto de ley de tribunales de familia

El proyecto de ley busca adecuar la Ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia, a las disposiciones de la reciente Ley N° 21.430 o “Ley de Garantías de la niñez y adolescencia”, garantizando así una protección integral y efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes en concordancia con los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por Chile, posee las siguientes características:

Garantiza el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído como un principio fundamental y transversal en todos los procedimientos de familia y durante todas las etapas del proceso, asegurando que sus opiniones sean debidamente consideradas de acuerdo a su edad y madurez; estableciendo las condiciones básicas para ejercer su derecho; informando al niño, niña o adolescente, antes de iniciar la audiencia, en lenguaje claro, accesible y comprensible.

Promueve una adecuada participación del niño, niña o adolescente a la atención jurídica especializada; introduciendo la figura del abogado del niño, niña o adolescente, para garantizar su adecuada representación, garantizando el acceso a la justicia, su participación en el proceso y que pueda intervenir acorde a su edad y madurez.

Asegura medidas judiciales de protección de derechos de niños, y adolescentes, reduciendo la excesiva judicialización, dirigiendo casos que puedan ser mejor atendidos por servicios sociales, promoviendo la atención de las necesidades de niños, niñas y adolescentes mediante las Oficinas Locales de la Niñez y su coordinación intersectorial, para otorgar respuestas integrales y con pertinencia territorial.

Deroga de la ley de menores, cumpliendo con un anhelo de larga data en materia de políticas de infancia en nuestro país, adecuando la legislación a los nuevos estándares de protección de la infancia y superando definitivamente el paradigma de la situación irregular como sustrato cultural y jurídico de prácticas incompatibles con los estándares de la Convención de los Derechos del Niño, y la Ley N°21.430.