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PL Genchi 1
28 de marzo de 2023

Por unanimidad, avanza en el Congreso proyecto que refuerza las competencias de Gendarmería en la lucha contra el crimen organizado

Por la unanimidad de la Sala de la Cámara, sin abstenciones ni votos en contra, fue aprobado el proyecto de ley que permitirá dotar a Gendarmería de herramientas legales para luchar contra el crimen organizado, instancia que fue destacada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien estuvo presente en el hemiciclo.

“A veces es bueno mirar los aspectos positivos y no quedarnos con los negativos. Este proyecto avanza sustancialmente en eso, entre otras cosas porque reconoce definitivamente a Gendarmería como un actor central en el sistema de justicia criminal. Para decirlo sencillo, lo que ocurre en la cárcel tiene impacto en la calle y lo que ocurre en la calle tiene impacto en la cárcel”, sostuvo el secretario de Estado.

Asimismo, el titular de la cartera advirtió que iniciativas como estas permitirán controlar mejor al interior de los recintos penales en vista de un panorama poco auspicioso. Según cifras de Gendarmería, en dos años más la población penal podría pasar de los 46 mil privados de libertad a cerca de 50 mil.

Tras cumplir con su primer trámite legislativo, pasa ahora al Senado para la respectiva discusión parlamentaria.

Proyecto de ley

Esta iniciativa propone, primero, flexibilizar las condiciones en las cuales el Ministerio Público encarga diligencias de investigación a Gendarmería; segundo, incorporar al servicio de prisiones como miembro permanente de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, y; tercero, se formaliza y asegura el acceso al Banco Unificado de Datos por Gendarmería para su función de custodia. Por último, se agrega el crear el delito, general, de extorsión.

En efecto, la extorsión corresponde a la disposición patrimonial mediante coacción (violencia o intimidación). Mientras en la estafa dicha disposición patrimonial se realiza porque la víctima ha sido engañada, en la extorsión la disposición patrimonial se funda en la afectación de la capacidad de deliberación o en la incidencia en la ejecución de la voluntad.