Como una forma de seguir avanzando en el perfeccionamiento del Registro de Inhabilidades para trabajar con niños, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el director nacional del Registro Civil, Jorge Álvarez, y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, firmaron este mediodía una actualización del Convenio de Colaboración entre el Registro Civil y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

La firma de convenio se produce luego de un arduo trabajo durante el 2018, donde ambas instituciones han avazando en identificar los espacios de mejora, tanto en los sistemas informáticos como en los procedimientos de interconexión y comunicación de información, que dan origen al Registro de Inhabilidades.

Es así como a la fecha ya se han realizado varias auditorías para contrastar la información tanto entre el registro de personas condenadas por delitos de connotación sexual contra menores como en el sistema informático de tramitación de causas del Poder Judicial. Las medidas buscan fortalecer la seguridad del envío de las sentencias desde los tribunales al Registro Civil.

Los otros puntos que han sido trabajados van en la línea de automatizar el flujo de información, definiéndose entre ambas instituciones las estructuras de los archivos para que la calidad de los datos sea fácilmente validada y con un tiempo acotado para su ingreso en el sistema.

“En el correr de los años pudimos advertir deficiencias en la actualización de este registro y es por eso que durante este año se han venido realizando reuniones  de trabajo entre ambas instituciones, entre el RCeI y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para los efectos de ir actualizando y verificando dónde se ha producido esa brecha donde no está el 100% incorporado en el registro”, precisó el Ministro Larrín.

Cabe recordar que al 15 de diciembre de 2018 el Registro de Inhabilidades cuenta con 7.935 personas  que no pueden trabajar con niños.

La consulta puede hacerse a través de la página web www.registrocivl.cl con el nombre completo de la persona, su RUN y los datos del solicitante. La respuesta es automática e indica si la persona tiene inhabilidades o no para trabajar con menores. Desde octubre de 2012 a la fecha se han realizado más de 4 millones de consultas en línea.

Proyecto de ley complementario

Con anterioridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentó un proyecto de ley que mejora el Registro de Ofensores Sexuales, que la semana entrante será discutido con urgencia.

“En paralelo, el gobierno cumpliendo sus compromisos con la niñez y particularmente con los acuerdos de la niñez que se firmaron ha enviado en noviembre recién pasado un proyecto de ley que también toma medidas para asegurar que este registro esté siempre actualizado”, añadió el Ministro Larraín

Entre las principales innovaciones de este acuerdo se establece el deber de los fiscales de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad a quienes cometan delitos sexuales contra ellos. Asimismo, se incorpora regla excepcionalísima, para que los fiscales impugnen aquellas sentencias anteriores que no fijen las penas de inhabilitación absoluta perpetua.

Por su parte, el fiscal nacional deberá emitir un Informe Anual con las causas de condena por delitos sexuales contra menores de edad. A su vez, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar el informe en sus respectivas páginas web institucionales, resguardando los datos de carácter personal.

Asimismo, la Corte Suprema deberá dictar un protocolo para comunicar las sentencias de condena al Registro Civil, con el objetivo de mantener actualizado el Registro General de Condenas. Complementario a éste, el proyecto crea un Registro de Inhabilitaciones Perpetuas, que puede ser consultado.

Finalmente, con el proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las Seremías de Educación, y de Transportes y Telecomunicaciones de todo Chile, junto a la Superintendencia de Educación, podrán acceder a ambos registros, para controlar que los colegios no cuenten con personal que haya sido condenado por delitos sexuales contra menores, así como para fiscalizar que los transportistas escolares no hayan sido enjuiciados por estos delitos previamente.