La iniciativa establecerá medidas de protección para que las personas o funcionarios públicos que efectúen esas denuncias, no sufran represalias ni hostigamientos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresó al Congreso el proyecto que crea un Estatuto de Protección al Denunciante, en el marco de la Agenda Anti Abusos.

Esta iniciativa, en concreto, crea un canal de denuncias, que operará de manera centralizada y electrónica, administrado por la Contraloría General de la República, para que cualquier persona o funcionario público pueda denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado, en caso de estar en conocimiento de ellos.

El proyecto, asimismo, le otorga el derecho al denunciante de solicitar la reserva total de su identidad, lo cual es esencial para protegerlo de eventuales actos de represalias u hostigamientos.

Luego, una vez revisada la denuncia por la Contraloría General de la República, ésta podrá ordenar investigaciones o sumarios, y si los hechos revistieren carácter de delito, tendrá que ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, en cuyo caso, deberá siempre mantener la reserva de identidad de la persona que efectuó la denuncia, en caso de haber sido solicitada.

Asimismo, si el denunciante fuera un funcionario público (de planta, contrata u honorarios), este podrá solicitar que la Controlaría disponga medidas de protección adicionales, con el objeto de prevenir actos que afecten su indemnidad o estabilidad laboral.

En este sentido, la iniciativa castiga hasta con la destitución a aquellos funcionarios públicos que adopten acciones de hostigamiento en contra del denunciante, o en contra de quien declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia.

Finalmente, para dotar de seriedad a la denuncia, se modifica el Código Penal en lo referente al delito de denuncia calumniosa, de modo de cautelar el buen uso de la plataforma y evitar denuncias falsas.

Sobre la iniciativa, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que “hace un año y medio, Chile dio un paso muy importante: aprobó un estatuto anticorrupción de última generación. Pero tenemos que seguir avanzando y hoy el Gobierno ha dado un paso más, abriendo un canal de denuncias para que cualquier persona pueda denunciar ante la Contraloría todo acto ilícito, todo acto de irregularidad administrativa que se pueda estar cometiendo en la administración pública, en cualquier ámbito, en cualquier nivel. Y la Contraloría deberá hacerlo sumario, ordenarlos donde corresponda, y si son ilícitos penales, llevarlos al Ministerio Público, siempre protegiendo al denunciante. Este es la clave: el denunciante queda resguardado, si hay represalias en su contra, serán aquellos que lo hagan debidamente sancionados e incluso destituidos, si corresponde. De manera que así se pueda avanzar en forma significativa en asegurar la total erradicación de actos de corrupción. Este es un paso más que el Gobierno da en materias de probidad y de transparencia”.