El Estado chileno es la casa de todos y trabajamos para cuidarlo. Hoy quisiera contarles en qué consiste la propuesta que busca robustecer la figura del denunciante de hechos de corrupción estatal. En las comisiones de Constitución y de Gobierno Interior  en el Congreso de la República, se está tramitando el proyecto que crea un Estatuto de Protección al Denunciante, en el marco de la agenda Anti-Abusos.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y busca crear un canal de denuncias digital, que operará de manera centralizada en la Contraloría General de la República, para que cualquier particular o funcionario público pueda denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado, en caso de estar en conocimiento de ellos. El proyecto le otorgará el derecho a la denunciante de solicitar la reserva total de su identidad, lo cual es esencial para protegerlo en caso de eventuales actos de represalias u hostigamientos, especialmente si se trata de un funcionario público quien pone en conocimiento los hechos.

Una vez revisada la denuncia a la Contraloría General de la República, ésta podrá ordenar investigaciones o sumarios, y si los hechos revistieren carácter de delito, tendrá que ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, en cuyo caso deberá también mantener la reserva de identidad de la persona que efectuó la denuncia, en caso de haber sido solicitada anteriormente.

Si el denunciante fuera un funcionario público de planta, contrata u honorarios, este podrá solicitar que la Controlaría disponga medidas de protección adicional para prevenir actos que afecten su indemnidad o estabilidad laboral, incentivando así la denuncia.

La iniciativa castiga hasta con la destitución a aquellos funcionarios públicos que adopten acciones de hostigamiento en contra del denunciante, o en contra de quien declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia.

Finalmente, para dotar de seriedad la denuncia, se modifica el Código Penal en lo referente al delito de denuncia calumniosa. Así es posioble cautelar el buen uso de la plataforma y evitar denuncias falsas o que no puedan ser probadas.

El proyecto es impulsado hoy por el ministro Hernán Larraín. En esta materia comentó que  hace un año y medio, Chile dio un paso muy importante al aprobar un estatuto anticorrupción de última generación. Pero tenemos que considerar que la corrupción es un fenómeno corrosivo que se filtra en forma imperceptible y que obliga a adoptar nuevas medidas para impedir su impunidad.

Por eso el Gobierno ha dado un paso más abriendo un canal de denuncias para que cualquier persona pueda declarar sobre la comisión de un acto ilícito, delictual o incluso todo acto de irregularidad administrativa que se pueda estar cometiendo en el sector público, en cualquier ámbito, en cualquier nivel, municipal o del Estado central. Y la Contraloria deberá iniciar un sumario u ordenarlos donde corresponda, y si son ilícitos penales, llevarlos al Ministerio Público, siempre protegiendo al denunciante. Este es la clave: el o la denunciante queda resguardado, si hay represalias en su contra, serán aquellos que lo hagan debidamente sancionados e incluso destituidos, si corresponde. De manera que así se pueda avanzar en forma significativa en asegurar la total erradicación de actos de corrupción. Este es un paso más que el Gobierno da en materias de probidad y de transparencia.