Con el informe financiero ya aprobado, el ejecutivo, a través del ministerio de Justicia y DDHH, hizo ingreso de una indicación que permite la creación del anhelado Tribunal de Ejecución de Penas. De esta manera, se cumple con el compromiso de Gobierno enmarcado en el ámbito de seguridad ciudadana y prevención del delito.

La acción legislativa se da en el marco de la actual situación penitenciaria que vive el país, donde se ha experimentado un alza sin precedentes de la población privada de libertad. Considerando que en Chile no existen jueces de vigilancia penitenciaria o jueces de ejecución de penas, la aprobación de la moción busca específicamente la presencia de tribunales especializados en la ejecución de las penas, considerando que el hacinamiento carcelario innegablemente significará un aumento en la conflictividad al interior de las unidades penales.

El ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero señaló que: “Probablemente, para quienes no tengan un conocimiento detenido de lo que esto implica, uno sí podría dimensionar su importancia en términos de que la ejecución de la pena es clave para permitir que aquellas condenas dictadas por los tribunales se cumplan adecuadamente, se garanticen los derechos de las personas condenadas y, sobre todo, en el largo plazo se garanticen la reinserción y la seguridad pública”.

La autoridad agregó que: “Es una deuda que tenía el sistema institucional chileno, a la cual el gobierno se había comprometido, y en el contexto de la moción parlamentaria en actual tramitación sobre ejecución de penas, el Ejecutivo finalmente ha podido disponer de los recursos que permitan la creación, para el financiamiento y el funcionamiento de estos”.

El aspecto más importante de la ley en cuestión es el establecimiento de un control de carácter jurisdiccional respecto de la fase de la ejecución de la pena, instancia anhelada por diversas instituciones que participan del sistema de justicia penal, centros de estudio, parlamentarios y en general de la doctrina.

La acción legislativa modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales del Proyecto de Ley presentado en 2018 por los entonces diputadas y diputados Carmen Hertz, Jorge Alessandri, Renato Garín, Marcos Ilabaca, Raúl Leiva, Diego Schalper y Matías Walker.