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2 de mayo de 2019

[VALPARAÍSO] El proyecto, denominado +R, fue lanzado por autoridades, sector empresarial, academia y sociedad civil en el Complejo Penitenciario de Arica. De forma inédita se lanzó en Arica el Proyecto +R, cuyo objetivo es implementar una política pública que, a través de la colaboración público-privada, permita capacitar e insertar laboralmente a quienes han estado privados de libertad, disminuyendo de esta manera la reincidencia delictual. A la actividad que se realizó en el Centro de Educación y Trabajo Cerrado, del Complejo Penitenciario de Arica, asistieron el senador José Durana, el diputado Nino Baltolú y, fue liderada por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Raúl Gil en compañía del Seremi de Gobierno, Víctor Mardones y del Director Regional de Gendarmería, coronel Roberto Maldonado Soto, quienes fueron acompañados por autoridades de gobierno, la academia, sociedad civil y como primera vez, se contó con la presencia de representantes de 12 empresas. El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Raúl Gil Gonzáles, agradeció la asistencia de las empresas que, de forma inédita, se comprometen en esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Hoy es un día especial, sellamos con esta gran ceremonia la alianza público privada con un marco importante de empresas e instituciones. Este modelo de trabajo Proyecto +R involucra cuatro etapas para los internos e internas: la primera, preparación para el trabajo; segundo, capacitación en oficio y competencias transversales; tercero, colocación laboral y como cuarto punto el acompañamiento sociolaboral a cargo de una dupla psico-social, siendo la primera vez que un programa del Estado une estos cuatro componentes e incorpora el acompañamiento profesional con el fin de insertar a una persona en la sociedad”. Por su parte, el director regional de Gendarmería de Chile, coronel Roberto Maldonado Soto, agradeció la presencia de las autoridades regionales y de los representantes de las diferentes empresas de la región, “ya que este Programa de reinserción, sin lugar a dudas beneficiará a la seguridad pública. Como Institución estamos ansiosos de concretar las intenciones expresadas por las autoridades y de quienes nos han acompañado, en un hecho histórico del vinculación público- privada, que tiene relación con la reinserción social hacia la seguridad pública”. El seremi de Gobierno, Victor Mardones sostuvo que “una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad pública, y frente a ello, el Presidente Sebastián Piñera desde el comienzo de su Gobierno, ha enfatizado en que una de sus prioridades es entregar más tranquilidad a la ciudadanía. El proyecto +R viene precisamente a fortalecer esa problemática, ya que junto con entregar herramientas de reinserción laboral a quienes han estado privados de libertad, disminuirá la tasa de reincidencia delictual. Para optimizar las políticas públicas es importantísimo trabajar entre todos, y esta iniciativa es una muestra de ello, ya que gracias a la colaboración público-privada, se entregará un apoyo a quienes necesitan una oportunidad para retomar sus vidas.” En la oportunidad se realizó la firma de la cartilla del Proyecto +R, acto simbólico que hace referencia a dos conceptos fundamentales que quieren ser los sellos de esta nueva política pública: Mayor Reinserción, Mayor Seguridad. La ceremonia culminó con un recorrido por los talleres laborales del Complejo, mostrando, principalmente a los empresarios, el sistema de trabajo y oficios que se ofrecen, así poder propiciar la instalación de unidades productivas al interior de centros penitenciarios.

Con el fin de presentar una querella contra un trabajador del liceo Gabriela Mistral de San Antonio y las demás personas que resulten responsables por el abuso sexual de alumnas del establecimiento, llegó hasta el Tribunal de Familia de la comuna el seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci, acompañado de la Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, la Gobernadora de San Antonio, Gabriela Alcalde, la seremi de Educación, Patricia Colarte, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Ricardo Figueroa, y el director regional de Sename, Rachid Alay.

 

Esta acción se realiza tras darse a conocer las denuncias de, al menos, 13 alumnas del establecimiento que acusaron haber sido víctimas de abuso sexual de parte de un auxiliar del liceo, el que fue separado de sus funciones tras salir a la luz pública el primero de los casos.

 

A nombre de Sename, órgano que interpuso la querella, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci, señaló que, si bien ya se sabe de algunos casos, la acción “se deja abierta para poder ser interviniente en el proceso judicial por todas las víctimas que se presenten durante el curso de la investigación”.

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Agregó que, actualmente, se encuentran trabajando con Sename para “habilitar la red de protección del servicio para los menores de edad que resulten víctimas, con el fin de entregar la protección correspondiente así como la oferta que posee el Sename a nivel ambulatorio”.

 

La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, señaló que “esta temática nos involucra a todos y que es muy relevante especialmente porque en  la región de Valparaíso, el año pasado, hubo cerca de 500 denuncias lo que es la punta del iceberg porque sabemos oficialmente que solo 1 de cada 4 casos denuncia, aunque según la Fundación para la Confianza las cifras son aún más dramáticas”.

Por su parte, la Gobernadora de San Antonio, Gabriela Alcalde, recalcó la importancia que posee el atreverse a denunciar este tipo de vulneraciones, ya que para el Presidente Sebastián Piñera tiene especial importancia el cuidado de los niños, y por ello “cuando decimos que los niños están primero en la fila, no es una frase cliché, pues al encontrarnos con denuncias como estas, sabemos que tenemos que activar todos los protocolos gubernamentales y hacer lo que hoy estamos haciendo”.