Esta mañana el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, visitó las nuevas oficinas del Programa Mi Abogado de la Región Metropolitana, ubicadas en calle Miraflores, en Santiago Centro.

¿El motivo? Esta iniciativa, que busca dar una representación jurídica especializada a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, alcanzó la meta de tener cobertura a nivel nacional desde este mes de octubre.

El Programa Mi Abogado nació como un piloto en el año 2017, en Tarapacá, Valparaíso, RM, Biobío y Ñuble. En 2018 se constituyó formalmente, y 2019, sumó cobertura en las regiones de Arica y Parinacota, Maule, Los Ríos, Aysén y Magallanes; para luego, desde el 01 de octubre de 2020, tener despliegue en todo el país, con un total 19 oficinas y 285 profesionales.

En concreto, lo que hace el Programa Mi Abogado, es ofrecer una defensa jurídica especializada para niños, niñas y adolescentes que se encuentran en modalidades alternativas de cuidado, incluyendo a los ingresados en todo tipo de residencias, así como los que están junto a familias de acogida externas y extensas.

Hasta el mes julio de 2020, el Programa ha atendido a un total de 6.821 niños, niñas y adolescentes. La proyección es que, a fines de este año, se alcanzará a dar cobertura al 80% de los niños, niñas y adolescentes en cuidados alternativos que existen en Chile (esto es aproximadamente 8.473 NNA).

“Para poder llevar a cabo las acciones judiciales, los niños, niñas y adolescentes son atendidos por tres profesionales, esto es, un abogado, un psicólogo y un trabajador social, capaces de ejercer los mecanismos judiciales y extrajudiciales más adecuados, para obtener el pleno resguardo de sus derechos, promoviendo el retorno a una vida en familia y obteniendo una reparación del daño causado”, explicó el Ministro Hernán Larraín.

De este modo, es importante destacar que el Programa opera de manera libre e independiente, pudiendo accionar judicialmente en contra del Estado, y sus distintos ministerios, servicios y organismos, así como en contra de cualquier persona o institución que sea responsable de vulneraciones, sean o no constitutivas de delito.