El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de los ministros de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, además de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren y el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Francisco Subercaseaux, anunció el ingreso de un proyecto de ley que reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y restringe las interdicciones judiciales.

En la actualidad, el Código Civil señala que “son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente”, a partir de lo cual, el universo de personas que pueden ser declaradas interdictas es muy amplio. En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han equiparado discapacidad mental, a incapacidad por demencia.

Esta situación impide que personas con alguna discapacidad mental o sensorial, tales como el Síndrome de Down o el autismo, o que personas con discapacidad auditiva, puedan realizar su vida cotidiana de manera normal —por ejemplo– al acudir a notarías o al ejercer su derecho de acceso a la justicia, o incluso a suscribir contratos tan simples como la contratación de una línea de celular, siendo objeto de discriminación. De esta forma, las personas con discapacidad mental, sensorial o auditiva, ven negado el ejercicio de sus derechos no solo civiles, sino también políticos, económicos, sociales y culturales.

Además, el actual procedimiento para declarar la interdicción por demencia, solo se basa en el hecho que la persona se encuentre inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. La consecuencia de esta declaratoria es que cualquier acto jurídico realizado por estas personas es nulo y de ningún valor.

Recogiendo toda esa problemática, el proyecto de ley hoy presentado, modifica el Código Civil, acotando el concepto de demencia únicamente a las personas con trastornos de la razón medicamente diagnosticados, y que tengan carácter de severos y permanentes. Además, se elimina a los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente del catálogo de las personas incapaces, pasando a ser plenamente capaces.

Junto con lo anterior, el proyecto de ley crea un nuevo procedimiento de interdicción, el que será voluntario y aplicable solo a las personas diagnosticadas con demencia en los nuevos términos recién señalados, y establece que el tribunal que vea el caso, para dar por acreditada la demencia, deberá tener a la vista un informe pericial del Servicio Médico Legal.

Al respecto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que “este proyecto de ley tiene un sentido muy profundo, ya que se trata de un cambio de paradigma para establecer que todos somos personas capaces jurídicamente, reconociendo que las personas con ciertas discapacidades, pueden tener una vida absolutamente normal, con total autonomía, y pleno reconocimiento a su capacidad y autodeterminación. Además, pone a Chile al día con todos los tratados internacional en materia de discapacidad”.

Finalmente, la iniciativa legal, con el objetivo de promover el acceso a la justicia, creará la figura del facilitador para apoyar a las personas con discapacidad mental, especialmente en el resguardo de sus derechos y en la comprensión de los actos jurídicos, así como también crea la figura del asistente, para apoyar la comunicación de las personas con discapacidad física o sensorial en los procesos judiciales.