El Presidente Sebastián Piñera presentó este viernes cuatro proyectos de ley de la Agenda Antiabusos, que buscan combatir la colusión, el uso de información privilegiada, la corrupción en el Estado y los delitos electorales.

“Queremos construir un Chile más justo, más equitativo, sin abusos, sin privilegios y con iguales oportunidades y dignidad para todos. Ése es el potente mensaje de la voz de la gente que hemos escuchado”, señaló el Mandatario en un acto acompañado por los ministros del Interior, Gonzalo Blumel; Hacienda, Ignacio Briones; Economía, Lucas Palacios; Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; y Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward.

El primer proyecto de ley contempla el aumento de penas por colusión en bienes y servicios de primera necesidad, nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la creación de la figura del denunciante anónimo, que permitirá que la FNE de manga la reserva de la identidad del denunciante en caso de que así sea solicitado.

En tanto, el proyecto de ley “antiabusos en el mercado financiero” propone un aumento de penas y multas por uso de información privilegiada y otros abusos en el mercado de valores, establece “periodos de bloqueo” asociados al uso de información privilegiada y la creación del “denunciante anónimo” ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Por su parte, el proyecto de ley de Denunciante Anónimo, de “anticorrupción en el Estado” busca crear un canal de denuncias en la Contraloría General de la República sobre infracciones disciplinarias o administrativas, hechos asociados a corrupción o que afecten los recursos públicos.

El último proyecto eleva de dos a cinco años el plazo de prescripción en delitos electorales.

Respecto al proyecto de ley del Denunciante Anónimo, el Ministro Hernán Larraín, dijo que “la corrupción es difícil de investigar, porque quienes la cometen procuran trabajar en secreto. Por eso estamos presentando un proyecto que lo que procura es facilitar la denuncia a través de la protección de la identidad de quien haga esa denuncia. Estamos abriendo así un nuevo canal de denuncia anónima, que hemos creado dentro de la Contraloría, quien sopesando estos antecedentes verá si es pertinente una investigación administrativa o ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Facilitar la denuncia es mejorar el combate a la corrupción y poder aplicar las duras sanciones que tiene nuestra legislación en la materia”.