La seremi de Justicia y DDHH de la Región de O’Higgins, explica en columna publicada en El Cachapoal, el proyecto de ley que ha promocionado el Ministerio y en donde se espera proteger al demandante de hechos de corrupción de las instituciones.

“A nivel mundial los hechos de corrupción que afectan a los funcionarios y a los organismos de cada Estado son una verdadera pandemia. Si bien es cierto Chile no encabeza ni por menos la lista de los países más corruptos en nuestra región no es menos cierto que esta corruptela incipiente que hemos podido detectar en nuestro país en los últimos tiempos, debe llevarnos a tomar todas las acciones tendientes a precaver que este cáncer infecte a nuestras instituciones y a nuestros servidores públicos .Es deber de todo ciudadano cuidar las instituciones que conforman el Estado, ese Estado que nos sirve a todos y que debe observar a través de sus funcionarios buenas prácticas, con un actuar transparente para entregar a sus usuarios un servicio igualitario oportuno y eficiente”, opinó la autoridad.

En este sentido explica: “En este orden de ideas se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley que establece un estatuto de protección en favor del denunciante y que tiene tres lineamientos:

1.-Facilita la presentación de denuncias a través de un canal centralizado y electrónico administrado por el organismo que por esencia fiscaliza; nuestra Contraloría General de la República.2.-Proporciona mayores incentivos para denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas y de hechos constitutivos de corrupción, en los que tuvieren participación personal de la administración del Estado. Y 3.-Refuerza el sistema de medidas de protección dispuesto a favor del denunciante para prevenir posibles represalias u hostigamiento en su contra”.

Según dice la seremi, “el papel fundamental como ya se dijo se asigna a la Contraloría General de la República, que tomando conocimiento de la denuncia podrá instar a la realización de investigaciones o sumarios a nivel de Servicio y /o realizar las derivaciones al Ministerio Público si los hechos así lo ameritan, todo ello después de haber recibido la denuncia y recopilados inclusive por propia iniciativa los antecedentes del caso”.

Y señala que “por otra parte el proyecto establece la facultad que tiene el denunciante de solicitar la reserva de su identidad, y esta circunstancia constituye un elemento esencial del mismo, toda vez que al tener la seguridad que su denuncia no publicará su identidad, asegura al denunciante no ser víctima de represalias o de hostigamiento de parte de sus compañeros de trabajo o de sus jefaturas; y si por alguna razón fuere objeto de esas represalias o de ese hostigamiento, el proyecto contempla también la posibilidad que este denunciante víctima de aquello recurra a la Contraloría General de la República para que ésta realice las investigaciones necesarias, aplique los correctivos e incluso sancione con destitución a quienes cometan esos actos de hostigamiento en contra el denunciante. Asimismo establece medidas de protección para el denunciante que puede adoptar el propio Ministerio público cuando los hechos denunciados o la persona denunciada así lo ameriten”.

Con este nuevo sistema se satisface o se cumple con la norma que rige a todo funcionario público en cuanto al deber que tiene de denunciar penal y administrativamente cualquier hecho que pudiere revestir caracteres de delito. Finalmente y para dotar de seriedad a la denuncia el proyecto modifica el Código Penal en lo referente al delito de denuncia calumniosa.

“Con esta iniciativa seguimos avanzando en el camino trazado por el Gobierno que persigue una modernización de nuestro ordenamiento jurídico”, concluyó la seremi.