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22 de octubre de 2020

Ministro Larraín aborda implementación de la primera etapa de la ley de entrevistas videograbadas junto a parlamentarios y expertos

Un total de 1.293 entrevistas videograbadas, en el marco de la etapa investigativa de eventuales delitos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, se han llevado a cabo luego de la implementación de ésta -la Ley N° 21.057 del 3 de octubre de 2019- en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, análisis que fue abordado esta mañana por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto a parlamentarios y expertos.

A la cita, vía Zoom, concurrieron el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela; la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; así como senadores, diputados, representantes de Unicef, entre otros.

En la ocasión, se detalló que ha habido un trabajo coordinado interinstitucionalmente entre todos los actores del sistema, que ha permitido realizar una buena primera etapa de implementación de la ley. Sin embargo, también se precisó que la pandemia, a partir de marzo de este año, provocó la postergación de la segunda y tercera etapa de la ley, así como generó una disminución en la cantidad de entrevistas realizadas durante esta primera fase.

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En este sentido, de acuerdo a reportes mensuales del Ministerio Público y el Poder Judicial, entre las 1.293 entrevistas videograbadas realizadas, un 87% se hizo antes de la pandemia, y solo un 13% se realizó en los periodos de cuarentena.

Sobre el perfil de los profesionales que asumen este rol, se indicó que en las regiones de esta primera etapa, ya se cuenta con 144 entrevistadores acreditados: 57 corresponden al Ministerio Público; 29 a la Policía de Investigaciones de Chile; 27 a Carabineros de Chile; 23 a jueces o juezas del Poder Judicial y 8 pertenecen al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Finalmente, de las 53 salas especiales desplegadas en estas zonas: 16 pertenecen al Ministerio Público; 4 a Carabineros de Chile; 3 a la Policía de Investigaciones de Chile; y 30 al Poder Judicial.

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