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Acceso
20 de noviembre de 2020

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lidera reunión que prepara el Primer Plan Nacional de Acceso a la Justicia

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, más de 10 representantes de Servicios Públicos del país, académicos, y expertos técnicos de EUROsocial, entre otros invitados, fueron parte un nuevo taller de trabajo interinstitucional, enfocado en generar acciones para fomentar el acceso a la justicia en Chile.

La actividad, que contó con la especial participación del embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Krais, permitió no sólo generar un espacio de encuentro y reflexión entre los representantes de las instituciones involucradas en promover y garantizar el acceso a la justicia en Chile, sino que viene a culminar la primera parte de un proceso iniciado el segundo semestre del 2019 y cuyo objetivo fue validar un informe-diagnóstico sobre el acceso a la justicia.

Esta labor, se ha hecho posible gracias al acompañamiento, apoyo y asistencia técnica otorgada por el Programa EUROsocial, cuyos profesionales han orientado el levantamiento nacional del diagnóstico de la situación de oferta de servicios en materia de justicia, su diseño y puesta en marcha.

Durante el taller, se evaluaron las barreras de acceso que aún existen en el sistema, como los costos de acceso a la justicia, la falta de entendimiento y conocimiento por parte de la ciudadanía respecto de sus derechos, el uso de un lenguaje técnico, la duración de los procedimientos y las distancias geográficas y simbólicas, entre otras. Asimismo, se analizaron diversos escenarios que se han presentado en la actualidad, considerando además los problemas vinculados a la emergencia sanitaria que han afectado a la población más vulnerable del país, como también, la brecha digital que se ha incrementado en dicho marco.

En ese sentido, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, valoró el esfuerzo, y trabajo realizado por los participantes, señalando que “gracias al compromiso de los presentes hoy podemos tener la tranquilidad de haber elaborado un diagnóstico que nos permite contar con información relevante sobre la situación de justicia en Chile”, agregando que “el resultado presentado durante esta jornada, nos permitirá iniciar un buen camino para construir una mejor justicia para todos y todas, una justicia con sentimiento ciudadano”.

Asimismo, recalcó que durante el proceso también se buscó contar con el análisis y la opinión de la Sociedad Civil, a través de la realización de diálogos presenciales y de procesos digitales de consulta, como la plataforma #ConectaJusticia, que permiten recoger la percepción de la ciudadanía respecto del funcionamiento del sistema de justicia, y también su particular visión de las necesidades y conflictos jurídicos que con mayor urgencia desean resolver las personas.

En este contexto, la autoridad explicó que luego de validar este informe de diagnóstico, se encuentra pendiente la elaboración de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, capaz de dar articulación y coordinación a los actores públicos y privados que son parte del sistema de acceso a la justicia, posicionando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el referente técnico y político a cargo de su conducción.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, ha sido enfático respecto de la importancia de mejorar el acceso a la justicia, coordinando y perfeccionando la oferta existente y prestada en las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), a través de sus Centros de Atención Jurídica Social, las Oficinas de Defensa Laboral, los Centros de Atención a Víctimas (CAVI), el Programa “Mi Abogado”, y los Centros de Mediación, sumando por cierto, como parte de esta oferta de asistencia jurídica, a la Defensoría Penal Pública (DPP).

Cabe destacar que, desde 2018, la institución ha planteado la importancia de contar con un nuevo enfoque sobre el acceso a la justicia, desde una perspectiva más ciudadana, eficiente, que permita cubrir las necesidades jurídicas de toda la población, con énfasis en los más vulnerables y sobre todo bajo una mirada más moderna, en lo que respecta a una nueva estructura del Estado, a través de la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.