En la Escuela de Gendarmería de Chile, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, encabezaron el Seminario “Nuevos enfoques para la reinserción de mujeres en transición hacia la libertad”.

En el encuentro se dieron a conocer los resultados del estudio elaborado por el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, que evaluó el programa piloto de Reinserción Económica y Emprendimiento para Mujeres en Conflicto con la Ley en Chile, impulsado por el BID y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La evaluación de procesos, resultados de impacto, mostró que el 48% de las usuarias que optó por la colocación laboral logró insertarse laboralmente y el 92% de quienes prefirieron emprender, lo concretaron. Finalmente el programa contribuyó a disminuir la reincidencia de sus participantes en un 50% entre uno y dos años después de su participación.

Este programa, que inició el año 2017, se orientó a reducir la reincidencia delictiva de 113 mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín a través de la formación, el acceso a capital semilla y microcréditos, junto con una intervención psicosocial integral. La ejecución estuvo a cargo de la “Corporación Abriendo Puertas” y contó con la participación de Banco Estado, que brindó apoyo para que las mujeres participantespudieran llevar a cabo un plan de emprendimiento.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, expresó: “Las mujeres son una población con trayectorias de vida y delictuales distintas a la población masculina. En ese sentido, es imperioso hacer todos los esfuerzos por implementar políticas de formación e inserción laboral efectivas. Para este Ministerio es de gran importancia haber participado desde el inicio de este programa, y poder, además, a través de su evaluación contar con más y mejores herramientas para nuestra labor. Estos aprendizajes y el enfoque de género deben estar presentes de forma permanente en la política penitenciaria”.

Por su parte, Florencia Attademo-Hirt, gerente general de Países del Cono Sur y representante en Chile del BID, enfatizó: “La evaluación que estamos presentando es una experiencia innovadora de capacitación y emprendimiento con un enfoque de género, tomando en cuenta las necesidades particulares de la población femenina privada de libertad. Los resultados de la evaluación son muy positivos y alentadores, pues brindan evidencia empírica de la efectividad de este tipo de intervenciones para facilitar la transición de las personas a la comunidad. Además, da cuenta que es un modelo replicable y escalable a otros grupos y países”.

Cabe destacar que en Chile existen poco más de 4 mil mujeres privadas de libertad, mientras que otras 8 mil trescientas cumplen penas sustitutivas o alternativas a la reclusión, y más de 2 mil se encuentran en un proceso postpenitenciario. En total, suman alrededor de 14 mil cuatrocientas, lo que constituye más del 10% de la población penal en nuestro país.