Más allá de un eslogan, haciendo hincapié en un compromiso institucional de mejorar el Acceso a la Justicia, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ Metro) vivió esta tarde en la Región de Magallanes su jornada “Diálogos de Acceso a la Justicia Laboral”, a través de videoconferencia, en el marco de un programa nacional que se desarrolla del 20 al 24 de julio.

La iniciativa contó con la coordinación del director regional de la CAJ Metro, Alejandro Donatti Otárola; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Fabián Mella Olivos; quien además dio el vamos a la actividad; y la participación de representantes de la Secretaría Regional Ministerial y la Dirección del Trabajo y de la Oficina de Defensa Laboral de Punta Arenas.

El objetivo fue convocar a un diálogo de Acceso a la Justicia a actores relevantes de la región para abordar los desafíos que se presentarán en la tramitación judicial en materia laboral, acordando acciones específicas para ejecutar durante el segundo semestre de 2020. Para ello se articuló un diagnóstico, en base a compartir necesidades y estadísticas de cada participante, y se concordaron desafíos para planificar acciones conjuntas en base a acuerdos. Todo ello, con miras a conformar una Red de Acceso a la Justicia en materia laboral.

Al respecto, Donatti expuso que en el contexto de la actual emergencia sanitaria se suma además un problema para la población en lo que a la economía respecta, el cual repercute en las personas más débiles del escalafón, los trabajadores. Por ello, “en virtud del rol articulador y proactivo de la Corporación de Asistencia Judicial, se ha convocado a los actores relevantes de la Justicia Laboral en cada una de las regiones, para dialogar en base a estos nuevos requerimientos, de manera de establecer e incluso fortalecer futuros acuerdos, acciones y formas de trabajo conjunto”.

Al respecto, el seremi Fabián Mella se mostró motivado con la dinámica de trabajo y los desafíos abordados, a la espera que esta instancia pueda ser también un valioso insumo en materia de protección a los derechos de las personas. Esto, de manera de poder dar respuesta eficaz y eficiente a la ciudadanía que busca acceder a la justicia en estos tiempos de atención remota, y en especial tras el proceso de desconfinamiento físico, una vez que se superen las consecuencias más graves de la actual pandemia.