Tras constituirse el 10 de junio, la semana pasada trabajó a nivel regional la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de adolescentes (CISC RPA), que en esta oportunidad debió realizar bajo la modalidad a distancia su visita semestral al Centro Privativo de Libertad de Río de Los Ciervos, en tanto la Sección Juvenil del Complejo Penitenciario de Punta Arenas no registraba ingresos a la fecha.

Esta labor permitió verificar la condición de siete jóvenes infractores de ley, cumpliendo alguna sanción privativa de libertad o medida cautelar de internación provisoria, bajo la coordinación del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Fabián Mella. Al respecto, el personero reiteró el objetivo de la comisión asesorar en el debido resguardo de los derechos y condiciones de vida de los jóvenes y adolescentes, tanto al interior de los Centros Privativos de Libertad administrados por el Servicio Nacional de Menores, como en las Secciones Juveniles de unidades penitenciarias de Gendarmería de Chile.

Dadas las limitaciones que impone la actual cuarentena que afecta a estas dependencias protegidas, y en función de no afectar los estrictos controles sanitarios vigentes, la tarea de los comisionados se cumplió en reuniones grupales vía online, de manera de obtener el respectivo levantamiento de información sobre las distintas áreas de trabajo que involucra el funcionamiento del recinto, tales como: infraestructura, trato recibido por los adolescentes, salud, educación, disciplina, alimentación, consumo de drogas, entre otras. Dicha tarea se enmarca en el ámbito de acción de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084), para lo cual se debe visitar dos veces al año aquellos establecimientos que alberguen a adolescentes o adultos que hayan sido condenados cuando eran menores de 18 años.

En su calidad de coordinador de la comisión, el seremi Mella tuvo palabras de agradecimiento para quienes participaron de esta tarea, cuyo propósito apunta a detectar eventuales falencias y hacer recomendaciones tendientes a que se dé cumplimiento a las debidas condiciones de habitabilidad y de reinserción para estos jóvenes. Esto, en consonancia con el mandato del Presidente Sebastián Piñera en orden a trabajar teniendo como primera prioridad a los niños, en particular a aquellos en situación más vulnerable.

La mencionada comisión está integrada a nivel regional por el seremi de Justicia y DDHH, el fiscal de la Corte de Apelaciones, además de representantes de la Fiscalía Regional, Defensoría Penal Pública, Corporación Municipal, Corporación Opción y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).