Con el objetivo de estandarizar el manejo de osamentas, asegurar una adecuado resguardo y tratamiento de la evidencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Poder Judicial, Ministerio Público, PDI y Carabineros de Chile, firmaron este viernes un protocolo de acción para instituciones que auxilian a la justicia, en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. 

Esta importante iniciativa establecerá la coordinación institucional a través de una mesa intersectorial para auxiliar la administración de justicia en la búsqueda de víctimas de violaciones de los derechos humanos, lo que significará un avance relevante en ese tipo de procedimiento, reafirmando el compromiso del Estado de Chile ante la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006. 

El protocolo fue firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el Fiscal Nacional (S), Xavier Armendáriz; el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yañez y el Director General de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, instancia que fue acompañada por Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren y telemáticamente por diversos servicios e instituciones públicas.

En la ocasión el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, valoró el trabajo intersectorial y destacó que: “Estamos contentos del trabajo que se ha hecho, pero más todavía esperanzados de la voluntad de las instituciones que se refleja en el trabajo realizado y en el protocolo que hoy firmamos, de que es posible avanzar al establecer reglas mínimas de las actuaciones que cada una de nuestras instituciones debe desarrollar, para avanzar en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas”. 

Por su parte el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach,  declaró que: “Sin duda resta mucho por avanzar en esta materia, pero valoramos y apoyamos los esfuerzos que realizan los funcionarios de las distintas instituciones del Estado y particularmente los judiciales que se comprometen al esclarecimiento de los hechos que terminaron con la desaparición o ejecución de personas cuyos cuerpos aun no son encontrados. El protocolo que se suscribe hoy y las medidas complementarias adoptadas por esta Corte Suprema, proporcionan nuevas y mejores herramientas para un actuar coordinado de las entidades del Estado que colaboran, desde sus propias competencias, en la investigación de casos de desapariciones forzadas. Sin este esfuerzo mancomunado, cualquier paso individual de cada institución será estéril en este trascendental desafío que seguimos teniendo presente”

“Este protocolo tiene en el centro el respeto por los familiares de las víctimas de la desaparición forzosa en dictadura y la búsqueda de verdad. Una iniciativa que surge producto del trabajo intersectorial de una mesa y profesionales comprometidos por la defensa de los derechos humanos y que establece las reglas mínimas de actuación para auxiliar a la justicia en la búsqueda e identificación de víctimas de desapariciones forzadas en dictadura”, agregó la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren. 

Esta iniciativa permitirá que las instituciones comprometidas emplearán el procedimiento más adecuado para fijar el lugar del hallazgo de una osamenta e identificar sus características, buscando recuperar de manera minuciosa los restos humanos encontrados, junto con las demás evidencias. El hallazgo de un lugar de inhumación no sólo puede contribuir a la posible localización de una persona desaparecida, sino que también a determinar si se ha cometido un delito y, eventualmente, la identidad de los responsables.

La firma de este protocolo se concreta producto de la coordinación de una mesa de trabajo que contó con representantes de otras instituciones como el Servicio Médico Legal, Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo objetivo específico fue establecer un estándar básico de manejo y resguardo del sitio del hallazgo de osamentas.