El Ministerio de Justicia y DDHH será el encargado de coordinar ambos grupos de trabajo y elaborar las iniciativas de ley que el Ejecutivo propondrá al Congreso Nacional, en un plazo no superior a 45 días.

Un plan de acciones que permitirá enfrentar el importante flujo que prevé la futura normalidad en el ámbito de la justicia civil, comercial, laboral y de familia para el segundo semestre e inicios del próximo año, fue anunciado la mañana de ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos humanos, iniciativa destacada a nivel regional por el seremi Luis Prieto Epuyao.

Cabe mencionar que la ley 21.226, impulsada por el Gobierno, permitió suspender audiencias, prorrogar plazos y dar atribuciones a la Corte Suprema para adaptar los procesos judiciales a la realidad de confinamiento y restricción de movimientos que ha exigido la pandemia, observándose nuevas temáticas para el futuro próximo, una vez culmina el Estado de Excepción.

Para abordar ambas problemáticas, se conformarán dos grupos de trabajo: Una en el ámbito de la Justicia Penal, y otra en materias de Justicia Civil, que actuarán en forma paralela, en los mismos plazos, cuyo propósito será entregar propuestas para resolver anticipadamente las dificultades que se avizoran para el retorno del funcionamiento de la justicia.

En este sentido, el seremi Luis Prieto indicó que “es importante prever las complejidades que tendremos una vez finalizado el Estado de Excepción, he ahí la importancia del anuncio del ministro Larraín, dicho eso, veo con optimismo la realidad judicial de nuestra región, ya todos los actores e intervinientes han demostrado en este periodo un gran espíritu de colaboración, lo cual ha permitido encontrar soluciones a las diversas problemáticas que han surgido.”

En materia de Justicia Penal, y de acuerdo a lo informado a través de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, en los Tribunales de Garantía, si bien se han seguido realizando actuaciones durante este periodo, pese a los confinamientos, la cifra de audiencias no realizadas –desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo– supera las 90 mil causas a nivel nacional, es por ello que a través de dicha comisión se acordó la conformación un grupo de trabajo, compuesto por integrantes de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Defensor Nacional y el Colegio de Abogados. Incorporará a dos expertos y consultará a centros académicos y asociaciones de las diversas instituciones.

Respecto a materias de Justicia Civil, Comercial, Laboral y de Familia, el Ministerio de Justicia propuso a la Corte Suprema una mesa de trabajo, la que fue aprobada mediante resolución del Pleno de la Corte Suprema, con fecha 2 de junio de 2020, designándose a la ministra señora Rosa María Maggi para que participe en dicha instancia.

Finalmente, mencionar que para llevar a cabo este trabajo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Poder Judicial, constituirán una mesa de trabajo, durante el presente mes integrada por el Consejo de Defensa del Estado, el Colegio de Abogados y las Corporaciones de Asistencia Judicial, como también invitará a participar en audiencias a otros expertos, centros académicos, jueces y asociaciones gremiales de las instituciones vinculadas, quienes deberán entregar una propuesta en máximo 45 días