La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público, incorporando así la Fiscalía Supraterritorial. De este modo avanzamos en una entidad especializada en la persecución de ilícitos relacionados con el crimen organizado y delitos de alta complejidad, con competencia en todo el territorio nacional.

En concreto, el proyecto de ley refuerza las atribuciones del Fiscal Nacional y la creación del Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, que perfecciona y amplía el actual sistema de análisis para mejorar la persecución penal de estos fenómenos.

La nueva Fiscalía Supraterritorial abordará el crimen organizado de manera especializada y dotará al ente persecutor de una nueva repartición con competencia en todo el territorio de la república. Tendrá por objeto la investigación y persecución de delitos particularmente complejos con antecedentes de intervenciones de asociaciones delictivas o criminales y donde los hechos requieran una investigación dirigida supraterritorial o transnacional.

Ahora, el proyecto pasa al Senado para su segundo trámite legislativo, donde continuará su discusión antes de convertirse en ley.

Características principales del proyecto de ley:

- Establece la creación de una Fiscalía Supraterritorial, especializada en crímen organizado y delitos de alta complejidad, que tendrá jurisdicción en todo Chile.
- El trabajo de la Fiscalía Supraterritorial se organizará en macrozonas, cuya extensión será definida por el Fiscal Nacional.
- La ley refuerza las atribuciones del Fiscal Nacional, otorgándole nuevas facultades para dirigir y coordinar la persecución penal en todo el país.
- Se implementa un Sistema de Análisis Criminal avanzado que permitirá mejorar la identificación y persecución de delitos complejos, optimizando el trabajo del Ministerio Público.
- La Fiscalía Supraterritorial contará con fiscales y profesionales especializados que serán distribuidos estratégicamente en todo el país según las necesidades específicas de persecución penal.