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Seremi-INDH
25 de septiembre de 2020

[ATACAMA] Seremi de Justicia y Derechos Humanos junto al INDH supervisan Unidades Penales y Centros de Justicia Juvenil

Para concluir con un nuevo proceso de inspección a las Unidades Penales y Centros de Justicia Juvenil de Atacama; la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Margarita Contreras, realizó un recorrido por el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó junto al director regional de Gendarmería y la jefa regional (s) del INDH Atacama, Marcia Quezada.

En el recorrido, las autoridades constataron el buen estado de salud de los internos e internas, sosteniendo un diálogo con ellos para conocer sus principales necesidades durante la contingencia sanitaria. En este sentido, la Seremi de Justicia y DD.HH, señaló que se revisaron todas las medidas preventivas implementadas por Gendarmería, que son parte del Plan Justicia Te Cuida elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para proteger la salud de la población penal, de funcionarios y funcionarias.

Otros de los aspectos supervisados fueron los protocolos para la recepción de encomiendas, acceso a contactos telefónicos y video llamadas, acciones que apuntan a resguardar el derecho de las personas privadas de libertad a comunicación y contacto con familiares, ante la imposibilidad de visitas presenciales debido a los riesgos de contagio.

Durante las jornadas de supervisión, las autoridades recorrieron las Unidades Penales de Chañaral, Vallenar, Copiapó y los Centros de Justicia Juvenil Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado, CIP-CRC de Sename.

En este sentido, la Seremi Margarita Contreras, explicó “para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el principal objetivo de estas visitas es revisar y actualizar los protocolos implementados durante la pandemia en las Unidades Penales y los Centros de Justicia Juvenil de Sename para resguardar la salud de las personas privadas de libertad. Hemos realizado un recorrido por todos los recintos existentes en la región, en compañía del equipo regional del INDH para que ellos como observadores garantes por ley de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad puedan constatar el cumplimiento de todas las medidas adoptadas para resguardar la salud, seguridad y las condiciones en las cuales los internos, así como los jóvenes y adolescentes cumplen sus sanciones o medidas cautelares de prisión preventiva, en el marco del irrestricto respeto y protección de sus derechos humanos”.

Respecto a las visitas la Jefa Regional del INDH, Marcia Quezada señaló “uno de los objetivos de estas inspecciones es observar los avances de las medidas preventivas y la implementación de los protocolos sanitarios destinados a evitar contagios de Covid-19, tanto en los Centros de Justicia Juvenil como en las Unidades Penales de Atacama. Otros de los objetivos han sido conocer en terreno los proyectos de mejoramiento de infraestructura del CIP-CRC, obras que apuntan a generar buenas condiciones para que los jóvenes y adolescentes cumplan sus sanciones en espacios acordes y las medidas implementadas para su bienestar. Conversamos con el director del CIP-CRC para conocer las necesidades que han ido presentando los jóvenes y adolescentes en diversas áreas de intervención psicosocial como los procesos educativos que se desarrollan en el recinto y como ellos se han ido adaptando y respondiendo a esta contingencia sanitaria, las modificaciones y cambios que se han implementado, por ejemplo, para garantizar el acceso a educación. También observamos como los jóvenes se han adaptado a las visitas virtuales y que esta modalidad no presencial, y los resguardos que han sido necesarios abordar para que las visitas en línea no afecten los vínculos con sus familias en el marco del derecho a visitas consagrado en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Estos mismos aspectos hemos revisado en las Unidades Penales además de observar los avances de las medidas preventivas y la implementación de protocolos sanitarios para evitar contagios de Covid-19 entre la población penal”.