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17 de octubre de 2017

[Valparaíso] Se constituye comisión que resguarda derechos de jóvenes privados de libertad

En la oportunidad se coordinaron las visitas de fiscalización y revisión que, periódicamente, se realiza a los centros para supervisar las condiciones de vida en las que se encuentran los adolescentes.

Con la finalidad de resguardar los derechos de quienes se encuentran tanto en recintos administrados por el Servicio Nacional de Menores, como en las Secciones Juveniles de los establecimientos penitenciarios de Gendarmería de Chile, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paz Anastasiadis, lideró la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros Privativos de Libertad para quienes se encuentran cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Además de realizar visitas a cada centro de la región, al menos dos veces al año la Comisión debe solicitar informes de las autoridades públicas pertinentes, así como recomendaciones a éstas y a las instituciones correspondientes, con el fin de asesorar en el debido resguardo de los derechos de los adolescentes y de sus condiciones de vida al interior de los recintos. Igualmente, la Comisión debe enviar un informe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formulando las propuestas que le parezcan necesarias para dicho objetivo.

Al respecto, la Seremi de la cartera señaló que “a través de esta Comisión no solamente estamos dando cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sino que también estamos ejerciendo los mandatos que establece la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, y es por eso que vamos evaluando una cantidad importante de factores tales como capacidad, población, educación, salud, seguridad, infraestructura, personal y alimentación, entre otros temas, de manera que podamos resguardar las condiciones de vida de los adolescentes que están en estos centros que son privativos de libertad o bien de régimen nocturno, contribuyendo de esta manera al proceso de reinserción social”.

En la comisión también participan representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, UNICEF, Defensoría Penal Pública, Seremi de Salud y Educación, así como uno de los colaboradores acreditados que trabajen en el área de infractores de ley, otro de instituciones de la sociedad civil que trabajen en infancia o juventud y un representante del mundo académico.