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11 de enero de 2018

Seremi Jorge Cáceres participó en conversatorio sobre tratamiento de drogas

Concepción, 11 enero de 2018. Con la participación de jueces, defensores, fiscales, funcionarios del Poder Judicial y de Senda se desarrolló el taller “Tratamiento de consumo problemático de drogas y/o alcohol con adolescentes infractores de ley”, organizado por la Corte de Apelaciones de Concepción y la fundación Tierra de Esperanza.

La actividad contó con la presencia del Presidente de la Corte de Apelaciones penquista, Hadolff Ascencio, el Secretario regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos Jorge Cáceres, la asesora ejecutiva de la Fundación Tierra de Esperanza, Pamela Torres y el fiscal jefe de Talcahuano, Álvaro Hermosilla.

Durante la jornada se analizaron las adicciones, características del usuario en tratamiento y las fases de este proceso. La idea fue potenciar la labor del Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD) que funciona en Concepción.

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos destacó “Todo esto se enmarca en la llamada justicia terapéutica que en los tribunales pilotos que hay en el país ha dado excelentes resultados, logrando sacar a los infractores del círculo vicioso de las drogas y alcohol y poniéndolos en el círculo virtuoso de estudio, del trabajo y de la familia produciéndose la reinserción social”

Por su parte, el Presidente de la Corte penquista, Hadolff Ascencio resaltó la baja reincidencia de quienes se someten a este tipo de tratamientos “Es bien importante solucionar algunas interrogantes planteadas por los colegas, sobre todo en lo referido a plazos. Cómo hacerlo para que los infractores accedan de buena forma al programa porque no se trata de un mundo ideal y no se puede forzar a alguien a realizar un procedimiento”.

En cuanto al proceso para optar al TTD para ser seleccionado hay una primera pesquisa a cargo de la defensa del imputado, quien comunica a la dupla sicosocial que la persona habría delinquido debido al consumo de drogas y que cumple con los requisitos para ser candidato a una suspensión condicional del procedimiento. De aprobarse la solicitud, el imputado debe someterse voluntariamente a un tratamiento terapéutico por un año, lo que debe ser supervisado por dos juezas.