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Tanto en el ámbito internacional como nacional existen una serie de normas que se vinculan con el proceso de Reinserción Social, ya sea estableciéndolo como un principio base en el cumplimiento de la pena o regulando mecanismos que contribuyen en este proceso. A continuación se presentan de manera sucinta las principales normas que dicen relación con la reinserción social.

Normativa Internacional en Materia Penitenciaria

Actualmente, existe consenso en el derecho internacional que la pena impuesta a una persona condenada no solo debe sancionarla y privarla de algunos de sus derechos, sino que también, debe ofrecer oportunidades para la obtención de conocimientos y habilidades que favorezcan su plena inserción a la comunidad una vez que hayan cumplido su condena, mediante su intervención especializada, especialmente en el caso de quienes hayan sido privados de su libertad.

A continuación se exponen las normas más relevantes en la materia, distinguiendo entre el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

1.1 Sistema Universal de Derechos Humanos

1.1.1.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Este Pacto ratificado por Chile en 1975, prescribe en su artículo 10 que: “1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (…), y que, “3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Así, este Pacto pone de manifiesto el fin preventivo especial que debe tener la condena.

1.1.2.  Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos

Denominadas desde el año 2015 “Reglas Mandela”[1] – son el conjunto de estándares internacionales que establecen los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. En su Regla 4 indica que “1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo”. Agrega “2. Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así́ como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos”.

1.1.3.  Reglas de Bangkok

Con el objetivo de recoger las particularidades de la población femenina privada de libertad, se dictan las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) en el año 2011, documento que establece la necesidad de generar una regulación especial para las mujeres dado que no se tuvo en consideración cuando se dictaron las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en la década de los años cincuenta.

1.1.4.  Reglas de Tokio

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), fueron adoptadas por la Asamblea General en su Resolución Nº 45/110, de 14 de diciembre de 1990, y contienen una serie de principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como las salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión. Estas reglas tienen por objetivo fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento de la persona infractora, así como también fomentar entre las personas infractoras el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad. Recomiendan a los Estados introducir medidas no privativas de la libertad en sus ordenamientos jurídicos, con la finalidad de proporcionar otras opciones a la privación, y de esa manera, reducir la aplicación de las penas de prisión racionalizando las políticas de justicia penal, con el debido respeto de los derechos humanos, exigencias de la justicia social y las necesidades de reinserción del infractor.

1.2 Sistema Interamericano de Derechos Humanos

1.2.1. Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

Esta convención fue ratificada por Chile en el año 1990. En su artículo 5, Derecho a la Integridad Personal, dispone que: “2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”. El Derecho a la integridad personal está presente en la normativa penitenciaria nacional y sus principios fueron recogidos en las modificaciones introducidas al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

1.2.2. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

Cabe señalar que en el año 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó esta Relatoría, la cual tiene el mandato de monitorear la situación de las personas sometidas a cualquier forma de privación de libertad en los Estados miembros de la OEA, realizar visitas a los Estados, promover los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger los derechos de personas privadas de libertad, y preparar informes que contienen recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la OEA[2].

Asimismo, en el marco del trabajo de esta Relatoría, se adoptó por la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”. Este documento señala que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad”.

Legislación Chilena en Materia de Reinserción Social

La legislación nacional vinculada a la reinserción social se encuentra dispersa en una serie de cuerpos normativos de distinto rango. A continuación, se presentan las principales normas que establecen mecanismos vinculados al proceso de Reinserción Social.

2.1. Decreto Ley N° 321 de 1925, sobre Libertad Condicional

Esta norma establece que toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año, puede optar a egresar de ella de manera anticipada, siempre que haya cumplido más de la mitad de su condena, o bien dos tercios de ella en casos de delitos de mayor gravedad. Para ello, la persona condenada debe haber observado una conducta intachable durante su privación de libertad, y participado en talleres e instancias educativas durante dicho período.

El beneficio de Libertad Condicional es otorgado por la Comisión de Libertad Condicional que funciona en cada Corte de Apelaciones del país. Cabe señalar que la persona que obtiene esta gracia queda sujeta al control semanal de Gendarmería de Chile, el cual es realizado preferentemente en los Centros de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S). Asimismo, en caso de incumplimiento del régimen de Libertad Condicional, o bien si la persona comete otro delito, este beneficio puede ser revocado por la Comisión, ordenándose su reingreso a la cárcel para cumplir el saldo de pena restante. Este beneficio es otorgado en los meses de abril y octubre de cada año.

2.2. Decreto Ley N° 409 de 1932, sobre Eliminación de Antecedentes

Una vez cumplida la condena impuesta, el Decreto Ley N° 409 regula el proceso de eliminación de antecedentes penales “como un medio de levantar la moral del penado para que se esfuerce por obtener su mejoramiento por medio del estudio, del trabajo y de la disciplina”. Para ello agrega la Ley, “debe dársele la seguridad de que, una vez cumplida su condena y después de haber llenado ciertos requisitos, pasará a formar parte de la sociedad en las mismas condiciones que los demás miembros de ella y de que no quedará el menor recuerdo de su paso por la prisión.

Este derecho tiene su fundamento en posibilitar la reinserción social de la persona condenada, y permite que luego de dos años de haber cumplido la pena (si es primera condena), o de cinco años (para quienes han sido condenado dos o más veces), por Decreto Supremo confidencial, “se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado”.

Para acceder a este beneficio, la persona debe haber observado buena conducta durante el cumplimiento de su condena, conocer un oficio o profesión, conocimientos de educación básica, no registrar otra condena durante el período de observación y someterse a controles en los Centros de Apoyo para la Integración Social de Gendarmería de Chile.

Además de la norma singularizada presentemente, existen otros cuerpos normativos que regulan la eliminación de antecedentes penales, tales como el Decreto Supremo N° 64 de 1960 y la Ley N° 19.962 de 2004, referidas a ciertas anotaciones prontuariales y cumpliendo determinados requisitos.

2.3. Decreto Ley N° 2.859 de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile

Gendarmería de Chile es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que fueren detenidas o privadas de libertad.

En este sentido, dentro de su orgánica institucional, la Subdirección Técnica está encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la Reinserción Social de las personas atendidas en los distintos Sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario. Para llevar a cabo esta función, debe desarrollar y gestionar las actividades de educación, trabajo, deportes, recreación, asistencias sociales, psicológicas, sanitarias, religiosas y demás conducentes a la reinserción social de las personas condenadas.

2.4. Ley N° 18.216 de 1983, sobre Penas Sustitutivas

El cumplimiento de una pena privativa de libertad, no solo importa para la persona condenada el cortar vínculos comunitarios, laborales y familiares, sino que además produce un indeseado contacto criminógeno, lo que en definitiva causa un impacto que incrementa las posibilidades de reincidencia de dicha persona.

Es por ello que existe la necesidad de regular y fortalecer un sistema que diversifique la respuesta ante los delitos, especialmente en lo que respecta a aquellos de menor lesividad y cometidos por personas sin antecedentes penales, no solo con el fin de favorecer su proceso de reinserción, sino que además, para aumentar la seguridad pública y la paz social.

En tal sentido, el sistema de penas sustitutivas instaurado a partir de la reforma introducida por la Ley Nº 20.603, es un claro esfuerzo por favorecer la Reinserción Social de las personas condenadas, disminuyendo el contacto criminógeno al reemplazar la medida de la reclusión nocturna por la de la reclusión parcial domiciliaria, como también por el fortalecimiento de la figura del delegado de libertad vigilada y la intervención que éste debe implementar.

Actualmente, dicho cuerpo legal establece las siguientes penas sustitutivas:

1)      Remisión Condicional de la Pena: A través de ésta se suspende el cumplimiento de la pena privativa de libertad, quedando la persona condenada bajo la observación y asistencia de Gendarmería de Chile durante el tiempo establecido en la respectiva sentencia.

2)      Reclusión Parcial: Supone el encierro de la persona condenada en su domicilio durante 56 horas semanales, sea en forma diurna, nocturna o de fin de semana, debiendo preferir el juez el control de la misma mediante el sistema de monitoreo telemático.

3)      Libertad Vigilada: Consiste en el sometimiento de la persona condenada a un régimen de libertad a prueba que tienda a su Reinserción Social a través de una intervención individualizada, bajo la vigilancia y orientación permanente del delegado de Gendarmería de Chile.

4)      Libertad Vigilada Intensiva: Es la sujeción de la persona condenada al cumplimiento de un programa de actividades orientadas a su Reinserción Social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales.

5)      Prestación de Servicio en Beneficio de la Comunidad: Consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile.

6)      Expulsión de Extranjeros: Sin perjuicio de que se aparta de la finalidad contemplada en el resto de las penas sustitutivas ya señaladas, la Ley incluyó la expulsión de personas extranjeras como una sustitución de la ejecución de la pena privativa de libertad en el artículo 1° letra e).

Asimismo, la modificación del año 2012 crea la Pena Mixta, la cual si bien no constituye una pena sustitutiva en sí misma, su inclusión permite el reemplazo de una pena privativa de libertad por la libertad vigilada intensiva, siempre y cuando se verifiquen todas las exigencias que el artículo 33 de la Ley contempla para su procedencia.

Finalmente indicar que la ley N° 20.603, que modificó el sistema de medidas alternativas, incorporó el control del condenado mediante un sistema de monitoreo telemático, cuya vigencia fue a partir del 27 de diciembre de 2013, salvo en lo que respecta a la libertad vigilada intensiva y a la pena mixta, los que contemplaron una vacancia legal de uno y dos años respectivamente.

2.5. Decreto N° 518 de 1998, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios

Esta norma regula el actuar de la Administración Penitenciaria al interior de los Establecimientos. Asimismo, establece la forma en la cual el Servicio se relaciona con la población penal, tanto en materias vinculadas con el mantenimiento del régimen penitenciario como en la forma en que se llevará a cabo la contribución a la Reinserción Social mandatada en su Ley Orgánica.

Este Reglamento considera como establecimientos penitenciarios tanto a los recintos cerrados como aquellos encargados de supervigilar el cumplimientos de penas sustitutivas denominados Centros de Reinserción Social. A su vez, se regulan los aspectos fundamentales de la vida al interior de las cárceles, estableciendo derechos para las personas privadas de libertad como salud, educación, alimentación, visitas, entre otros.

Este cuerpo regula también el comportamiento que deben tener las personas privadas de libertad, enumerando las conductas que atentan contra el régimen penitenciario y establece la correlativa consecuencia de la infracción.

En el ámbito de la Reinserción Social, el Reglamento establece diversos permisos de salida, concebidos como beneficios que forman parte de las actividades de Reinserción Social y que se confieren en el marco de un sistema progresivo de cumplimiento de condena.

Actualmente, se encuentra en tramitación una serie de modificaciones, cuyo objetivo es reforzar el área de la Reinserción Social, relevando el enfoque de derechos en la intervención de las personas privadas de libertad.

2.6. Ley N° 19.856 de 2003, sobre Reducción de Condena.

Esta ley establece un sistema de reducción del tiempo de condena, para aquellas personas que durante el cumplimiento efectivo de una condena privativa de libertad, hubieren demostrado un comportamiento sobresaliente. Así, tendrá derecho a una reducción del tiempo de su condena equivalente a dos meses por cada año de cumplimiento, y a partir de la mitad de la condena, la reducción de pena se aumentará a tres meses por cada año.

Para calificar una conducta como sobresaliente, se atiende a criterios de estudio, trabajo, rehabilitación y conducta del postulante. La calificación de la conducta es realizada por la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena, la cual está conformada por miembros del Poder Judicial y de las Secretarias Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos.

Una vez calificada la conducta, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos se pronunciará, mediante Decreto, sobre la concesión del beneficio.

2.7. Decreto N° 943 de 2011, Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario

El trabajo y desarrollo de hábitos y capacidades es un área determinante para la reinserción social de la población penal. El Decreto N° 943, estructura de manera específica la forma en que Gendarmería de Chile debe llevar a cabo el desarrollo laboral de las personas sometidas a su control. En la especie, debe instar por crear o preservar hábitos laborales y/o sociales en el trabajador, reforzando su identidad personal y prosocial, con la finalidad de lograr su reinserción social, ajustándose a una oferta programática definida en cada establecimiento.

Especial mención, merece la existencia de Centros de Educación y Trabajo, también denominados por la sigla CET, que constituyen establecimientos penitenciarios especialmente destinados a dicha función, o bien, forman parte de establecimientos cerrados. Los CET proporcionan y facilitan un trabajo regular y remunerado, además de procurar procesos de capacitación, formación laboral, psicosocial y educación.

Para seleccionar a los postulantes a los Centros de Educación y Trabajo se considera su disposición al trabajo, necesidades de Reinserción Social, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, características que deberán ser medidas y apreciadas por el Consejo Técnico en su informe.

2.8.  Ley N° 20.931 de 2016, Que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.

Esta ley dictada el año 2016, contempla una regulación especial para gestionar los proyectos de inversión en infraestructura penitenciara en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío. En este sentido se señala que: “Los proyectos de inversión relativos a la ampliación y, o construcción de establecimientos penitenciarios, así como los relativos a su administración, que se lleven a cabo de conformidad con esta disposición, incluirán como objetivos para una efectiva protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, el fomento en las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad del respeto de sí mismas, la voluntad de vivir conforme a la ley, de mantenerse con el producto de su trabajo y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Para lograr estos objetivos, los proyectos contemplarán el empleo del máximo de espacios, infraestructura y medios de todo tipo destinados a su tratamiento, que incluyan desarrollo físico, fortalecimiento de principios morales y cívicos, instrucción y formación técnica y, o profesional, métodos de asistencia social individual y asesoramiento laboral para la futura reintegración a sus familias y reinserción en la comunidad, de conformidad con las necesidades individuales de cada recluso. Para ello se tendrá en cuenta su pasado social y delictivo, su capacidad y aptitud física y mental, su temperamento personal, la duración de su pena y sus perspectivas después de la liberación.” Con esta inclusión se manifiesta la necesidad de considerar el proceso de reinserción social en el desarrollo de los proyectos de inversión en infraestructura carcelaria.

[1] La versión original de las Reglas, del año 1957, fue sometida a un extenso proceso de revisión inter gubernamental, que culminó en la adopción de dichas reglas bajo el nombre de Reglas Mandela, en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2015.

[2] http://www.oas.org/es/cidh/ppl/

 

Iniciativas del Ministerio de Justicia