Hasta el Salón de Honor del Congreso de Santiago llegaron diversas autoridades autoridades para condecorar a un grupo de 64 internos que culminaron su proceso de capacitación al interior de las unidades penales y se alistan a comenzar su etapa laboral, en el marco del denominado Proyecto +R.

Lo anterior, en el marco de un proceso que se ejecutó durante el primer semestre en 7 regiones del país (Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Bio-Bío), donde se ejecutaron 10 cursos que beneficiaron en total a 240 personas que se encontraban privadas de libertad, de las cuales 190 culminaron exitosamente sus capacitaciones.

Para este segundo semestre, en tanto, el Proyecto +R tendrá una importante ampliación en su cobertura, pues se ejecutarán 64 cursos, que se realizarán en todas las regiones del país. En términos de cobertura, ésta aumentará a los 1.130 cupos de capacitaciones y posterior inserción laboral, cumpliendo así los objetivos trazados cuando se lanzó este proyecto.

De este modo, la condecoración realizada esta mañana estuvo encabezada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien destacó que el Proyecto +R busca reinsertar a personas privadas de libertad, mediante una gran alianza entre el Estado, la empresa privada y sociedad civil.

“Estamos dando los primeros pasos en cambiar cómo se hace el trabajo con los internos. No basta con sólo sancionarlos, hay que darles una oportunidad, hay que rehabilitarlos para permitirles su reinserción. Ese es el esfuerzo que el gobierno del Presidente Piñera ha impulsado, gracias a una alianza con el sector privado, que permite darles oportunidades a quienes están condenados, con capacitación y un año garantizado de empleo. Porque una reinserción efectiva, tiene un impacto directo en disminuir la reincidencia y mejorar la seguridad pública”, sostuvo el Ministro Larraín.

Junto al titular de Justicia y Derechos Humanos, también estuvo presente en la ceremonia el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg; el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett; el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa; la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren; el director de Sence, Juan Manuel Santa Cruz; el director de Gendarmería, coronel Christian Alveal, junto a ejecutivos de las empresas colaboradoras.

En tanto, el Ministro Nicolás Monckeberg hizo un llamado a los beneficiarios a “ayudarnos a transmitirles a sus compañeros, amigos, cercanos, a todos, a la sociedad entera, lo importante que es tener un trabajo para ponerse de pie, lo importante que es después de varios años de condena encontrar una oportunidad para cambiar la vida”.

Las 64 personas certificadas, fueron capacitadas en los oficios de “Pintor industrial de superficies metálicas y sintéticas”, “Maestro ayudante en albañilería” y “Fabricación, reparación y montaje de estructuras metálicas en la industria metalmecánica”.

Uno de ellos es Cristián Amaro Bravo, quien en representación de sus compañeros, compartió con los presentes su experiencia dentro de este programa resaltando que “todos podemos cambiar, solo tenemos que tener la oportunidad para hacerlo y poder abrir las puertas. Hacemos un llamado a las empresas a que se sigan uniendo a este proyecto, para que más personas como yo puedan salir adelante”.

El objetivo central Proyecto +R, es a través de la reinserción laboral, evitar la reincidencia de las personas que estuvieron privadas de libertad y mejorar así la seguridad pública. Según un estudio de Fundación Paz Ciudadana, el 51% de la población que cumple su condena privado de libertad, vuelve a cometer un delito dentro de los tres años siguientes al egreso de la unidad penal.

Por ello, además de la capacitación, el Proyecto +R cuenta con duplas psicosociales que acompañan a los participantes en el proceso, gestionando empleos y realizando una acompañamiento socio-laboral por tres meses más desde la fecha de contratación y salida de la unidad penal.

De esta manera, el programa propone como meta que en los próximos 10 años logre otorgar una oferta especializada al total de la población que se encuentra cumpliendo condena en los recintos penitenciarios de nuestro país.