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En el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet, el 17 de junio se firmó el Proyecto de Ley que tipifican el delito de corrupción entre particulares y aumento de las penas del delito de cohecho y el soborno.

Objetivo

El objeto del proyecto de ley es contribuir a promover y restablecer la confianza en las instituciones públicas y privadas, garantizar el correcto ejercicio de la función pública y mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre los privados, pues las relaciones entre la actividad pública y los negocios exigen hoy mayores estándares de probidad, transparencia y fe pública.

Contenido del Proyecto de Ley

1. Aumento de las penas del delito sobre negociación incompatible e incorporación de una nueva hipótesis. Se reorganiza la redacción del artículo 240 del Código Penal sobre el delito de negociación incompatible y se incluye un caso nuevo de carácter genérico, esto es, el administrador del patrimonio de una persona que se encuentre impedida de controlar su administración. Esta nueva figura busca avanzar en la transparencia y confianza en las relaciones comerciales.

Además, se aumenta la pena de privación de libertad y la pena de multa.

2. Se incluye una agravante en el delito de tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias dispone que se apliquen las penas del artículo anterior, esto es, el artículo 240 del Código Penal que establece el delito de negociación incompatible. Este proyecto de ley al modificar éste último, de paso, modifica la pena de del delito de tráfico de influencias.

Se incluye además, un inciso final nuevo que dispone que en caso que el sujeto activo obtenga el beneficio perseguido concurrirá una agravante de responsabilidad penal.

3. Aumento de las penas del delito de cohecho y el soborno. Se aumentan las penas de privación de libertad y multa en los delitos de cohecho y el soborno dispuestos en el artículo 248, 248 bis, y 250 del Código Penal.

4. Se cumple con estándares internacionales en el delito de cohecho a funcionario público extranjero. Chile ratificó la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, asumiendo el compromiso de someterse a evaluaciones permanentes sobre la implementación de la misma. Las recomendaciones que han resultado de tales evaluaciones, han sido un importante factor impulsor de cambios legislativos que han perfeccionado la normativa nacional en las materias reguladas por esta convención.

Las últimas recomendaciones hechas por la OCDE inspiran la introducción de los siguientes cambios en el tipo penal, con el objeto de hacerlo comprensivo de, por ejemplo, aquellos casos en que el soborno ha sido dado u ofrecido para inducir a un funcionario para cumplir con su deber, o bien cuando ha sido dado u ofrecido por la empresa mejor calificada o que podría haber obtenido el negocio sin el soborno, casos que eventualmente podrían quedar fuera con la redacción actual.

5. Incorporación del delito de corrupción entre particulares. A través de la incorporación de este tipo penal se salva un vacío legal del que daba cuenta el Informe Engel (p. 45) en relación a las sugerencias de la United Nation Convention against Corruption (UNCAC).

El delito de corrupción entre privados que se crea sanciona al director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad que, por sí o a través de otra persona, solicita o acepta recibir un beneficio económico en interés o provecho propio o de un tercero, para favorecer o por haber favorecido a otro, con infracción de sus deberes u obligaciones, en la contratación de bienes o servicios o en las relaciones comerciales.

También se sanciona a la persona que por sí o a través de otra persona, ofrece o consiente en dar o entregar a un director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad, o a quien estos señalen, un beneficio económico interés o provecho propio o de un tercero, para que le favorezca o por haber favorecido, con infracción de sus deberes u obligaciones, a él o a un tercero en los casos de contratación de bienes o servicios o en las relaciones comerciales.

La incorporación del director, gerente, administrador o ejecutivo principal de una empresa o entidad en la redacción de los artículos 287 bis y 287 ter obedece a dar armonía con la Ley de Mercados y Valores N° 18.045.