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“En un Estado democrático de derecho, el sistema de administración de justicia tiene como una de sus misiones fundamentales constituirse en un mecanismo de garantía y protección frente a las situaciones de abuso e injusticias a las cuales puede verse enfrentada gran parte de la ciudadanía. En el actual momento de nuestro país esto conlleva dos preocupaciones fundamentales: la primera, consiste en asegurar la independencia de los jueces; la segunda, consiste en garantizar un genuino acceso a la administración de justicia, de la que hoy se encuentran, en los hechos, privados importantes sectores sociales.

Durante los primeros veinte años de los gobiernos democráticos, se desarrolló en Chile un vigoroso proceso de reforma judicial, que incidió ante todo en los ámbitos procesal penal, laboral y de familia. Sin embargo, el sistema judicial y los múltiples servicios vinculados al sector justicia, pueden hacer un mayor esfuerzo para la atención de grupos vulnerables, así como de la clase media. Lamentablemente, para la mayor parte de la población, los servicios y las posibilidades de defensa de derechos que el sistema judicial ofrece son percibidos todavía lejanos, quedando en muchos casos sin la posibilidad de ejercerlos, situación que dificulta la cohesión social que nuestro país requiere, y que estimula el ambiente de desapego de la población respecto de las instituciones, escenario que es nuestra obligación revertir.

Todo lo anterior nos insta a redefinir una nueva y consistente agenda de modificaciones en el ámbito de justicia que se constituya en una guía para los años que vienen, sobre la base de un gran objetivo: un real acceso a justicia para todos.”

- Descarga el Programa en materia de Justicia (.pdf)
- Descarga el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet (.pdf)