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23 de enero de 2018

Presidenta Bachelet recibe primera Política Pública de Reinserción Social de manos del Comité Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibió esta tarde al Comité Asesor para la Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de recibir formalmente la primera Política Pública de Reinserción Social, tras seis meses de trabajo interinstitucional, que incluyó a la academia, las iglesias, el empresariado y organizaciones sociales, entre otros actores público-privados.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, junto al subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, fueron los encargados -en representación del mencionado comité-, de entregar el documento a la Mandataria, oportunidad en que la jefa de Estado sostuvo que “nos parece un valioso aporte para el avance de la justicia en nuestro país. Y digo bien justicia, en su sentido más amplio, porque es necesario considerar tanto el respeto de las reglas, la seguridad de todos, como las posibilidades que entregamos como sociedad para que quienes cometen un delito, puedan efectivamente comenzar una nueva vida”.

La Política Pública de Reinserción Social surgió fruto de un debate y reflexión tanto a nivel nacional como en las 15 regiones del país, en el que también participaron autoridades gubernamentales, ex ministros de Estado, Gendarmería y representantes del Poder Judicial. En este sentido, el ministro Campos destacó que “éste es un esfuerzo inédito en la historia de Chile. Lo que hoy día hemos hecho y hemos dado a conocer, es una política nacional integral sobre la materia que compromete no sólo a los actores públicos, sino que también a los privados, y que se funde en tres grupos de instrumentos que a nuestro modo son esenciales: las iniciativas que apuntan a la educación, las que guardan relación con el mundo del trabajo, y en tercer término, las que están dirigidas a la formación moral y espiritual del individuo”, afirmó.

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El documento es una hoja de ruta para las acciones que debe desarrollar el Estado para reintegrar a la sociedad a todas aquellas personas que han sido condenadas. El subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, explicó que el trabajo se desarrolló bajo la premisa de que un infractor de ley que logra reinsertarse en su comunidad y no reincide en el delito, es también una inversión en seguridad pública e inclusión social. “Para enfrentar el fenómeno de la delincuencia, debemos enfocarnos en el foco del problema que es la falta de oportunidades, la marginalidad y la pobreza. Para ello, es fundamental que como sociedad comprendamos que las personas privadas de libertad son chilenos y chilenas con dignidad y derechos, que merecen una segunda oportunidad y las herramientas para rehacer sus vidas”, dijo.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, valoró que la Política Pública de Reinserción Social se ajusta a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos que se exigen para las personas privadas de libertad. “Los grandes hitos para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos son, por una parte esta Política de reinserción y por otra el Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que constituye dos bajadas de lo que son nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. En este caso han participado el sector público, el mundo de la empresa privada, ministerios que están relacionados con este tema. Por lo tanto, podemos decir que este plan concilia las tareas del Estado de sancionar y garantizar la seguridad de la ciudadanía, con la reinserción social para que progresivamente las personas que han sido condenadas puedan reincorporarse a la sociedad“, acotó.

El documento, que también fue entregado al Papa Francisco durante su reciente visita al país, incluye una serie de propuestas a corto, mediano y largo plazo tales como:

- Implementación de programas específicos destinados a la educación, capacitación y reinserción laboral
- Creación de un subsidio a la contratación de personas infractoras de ley para el sector privado
- Diseño de un nuevo sistema de eliminación de antecedentes penales que permita mejorar el acceso al mundo laboral
- Instalación de mecanismos adecuados para el ejercicio del derecho a sufragio de las personas privadas de Libertad

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