Ante la puesta en marcha de esta medida instruida por el Ejecutivo, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de O’Higgins, Bárbara Perry, explicó que “la ley recién promulgada posibilita que determinados grupos de riesgo que se encuentran privados de libertad y que no hayan cometido delitos graves, puedan seguir cumpliendo su pena, ya no en recintos penales si no en sus domicilios, es decir, que sustituyen la prisión efectiva por la reclusión domiciliaria total”.

Agregó que el sentido de esta ley busca «dar respuesta a las preocupaciones de la misma población penal, su familia y al propio personal de Gendarmería, reduciendo los flujos de personas que entraban y salían de los penales, descongestionando estos recintos y previniendo de esta forma que hayan focos masivos de contagio”.

Además, la autoridad de Justicia informó que en O’Higgins “calculamos 96 personas, a lo largo de las diferentes unidades. En la práctica además de seleccionar aquellos grupos se riesgo, -etario, mujeres embarazas o con hijos lactantes, personas con algún beneficio- se les pide tener en algunas oportunidades cumplida la mitad de la condena, en otras un tercio de la condena, después que les falten 36 meses para terminar la condena. Es decir, hay un sin número de requisitos especiales para cada uno de ellos y que se tiene que estudiar caso a caso”, afirma la Seremi.

También explicó que quiénes no podrán optar a la sustitución, son “todos aquellos que hubieran cometido delitos graves, por ejemplo: homicidios, femicidios, violaciones, delitos sexuales contra menores, delitos terroristas, violencia intrafamiliar, todos los delitos graves se excluyen”.

Y finaliza, “esta ley es virtuosa en la medida que hace descongestionar la población penal y eso implica una cosa buena tanto para internos y sus familias como para los gendarmes, pero también, no trae la impunidad, la gente va a seguir cumpliendo su condena”, sentencia la autoridad.