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29 de octubre de 2018

Ministro y Subsecretario encabezan Comisión Coordinadora de Justicia Penal con miras a la implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas

Esta mañana el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al Subsecretario  de Justicia, Juan José Ossa, encabezaron una nueva reunión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, cuyo objeto fue abordar la implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas, entre otras materias.

A la ocasión, asistió también el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; así como altos representantes de las policías, entre otras autoridades.

La Ley de Entrevistas Videograbadas tiene como prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes, evitando así toda consecuencia negativa que éstos puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que menciona dicha ley.

Para esto, la Ley de Entrevistas Videograbadas establece un nuevo marco normativo que regula la toma declaraciones, el sometimiento a peritajes, la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas de los distintos actores, entre otros factores.

“El proyecto está preparándose en todas sus fases, y tiene ciertos nudos críticos, como es la preparación de los entrevistadores, la terminación de las salas especiales y la redacción de los protocolos que definirán cómo se procede en cada caso. Nosotros enviamos el Reglamento de la Ley hace 5 meses a la Contraloría y estamos esperando que lo despache”, indicó el Ministro Hernán Larraín.

Y añadió: “Esto va a marcar un antes y un después en la forma en cómo se investigan los abusos sexuales en contra de menores, porque sin este nuevo procedimiento, los niños y niñas terminan siendo re victimizados en los procesos judiciales, haciéndose incluso más duro los interrogatorios que los propios abusos, porque se reviven los dramas sufridos”.

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Cronograma de entrada en vigencia:

Primera etapa: Transcurrido 6 meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento respectivo, la primera etapa se aplicará en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes y la Antártica.

Segunda etapa: Transcurridos 18 meses después de publicado en el Diario Oficial el reglamento respectivo, la segunda etapa se aplicará en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Araucanía y Los Ríos.

Tercera etapa: Transcurridos 30 meses después de publicado en el Diario Oficial, el reglamento respectivo se aplicará en las regiones de: Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.

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Ley Humanitaria

Asimismo, el Ministro Hernán Larraín se refirió a otros temas, como es la próxima presentación de proyecto de Ley Humanitaria.

“En el proyecto humanitario, tenemos contemplado distintas alternativas, aparte de las enfermedades graves, que provoquen la inminencia de la muerte, o que generen una invalidez mental o física tal, que no permitan a la persona ser autovalente. En ese sentido, también está incorporada la edad, y nosotros estamos trabajando para definir cuál será aquella, que acompañada de un mínimo de tiempo de cumplimiento de pena, pudiese ser también la tercera alternativa de acceder a la ley humanitaria”, dijo la autoridad ministerial.

“La Libertad Condicional es una forma distinta de cumplir la pena. La ley humanitaria busca conmutar esas sanciones con arresto domiciliario, cuando hay riesgo grave de muerte, invalidez total o cuando por la edad avanzada pareciera razonable que por dignidad se cumpla el resto del periodo en su domicilio”, explicó el secretario de Estado.

Finalmente, el Ministro Larraín agregó que “este proyecto no diferencia por tipos de delitos cometidos, sino se enfoca en resguardar la dignidad de la persona. ¿Cuándo se va a presentar? Esto es una decisión que toma la Presidencia, el proyecto diría yo que está virtualmente listo, hay algunos puntos que se están afinando, precisamente lo que dice relación con la edad y con el mínimo de condena cumplida que se va a exigir para acceder al beneficio”.