“Como Estado, tenemos que dar el ejemplo”. Con esas palabras, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentó esta mañana el proyecto de ley que permitirá que las personas con antecedentes penales puedan trabajar en la Administración Pública en grados profesionales y técnicos.

Lo anterior se trata de una transformación mayor en el Estado, luego que, en el año 2013, bajo el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se publicara una ley que introdujo modificaciones al Estatuto Administrativo, permitiendo acceder a cargos auxiliares y administrativos a personas que, cumpliendo los demás requisitos legales, hubiesen cumplido una condena de simple delito.

Con este nuevo cuerpo legal, se amplía la mencionada normativa, para que las personas condenadas por simples delitos puedan trabajar en el sector público en cargos profesionales y técnicos, tanto a nivel central como municipal.

En la ceremonia, también estuvo presente el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, junto a representantes de la ANEF y del sector privado, entre otros.

Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto +R que impulsa el Gobierno, el cual busca generar una gran alianza público privada, para que las empresas ayuden en la reinserción de las personas que hayan estado privadas de libertad, generándoles cupos laborales de un año, luego de cumplir con la capacitación intra penitenciaria.

El Proyecto +R, durante la primera mitad del año, benefició a más de 400 internos, y para esta segunda mitad del año, la cobertura superará los mil beneficiarios.

“Nosotros estamos impulsando en todo Chile un programa de reinserción social efectivo, una alianza púbico-privada para darle oportunidades reales a quienes, cumpliendo su castigo, su privación de libertad, vuelvan a la sociedad. Necesitamos que se reinserten y para eso queremos que tengan trabajo, los capacitamos gracias al apoyo del Sence y la empresa privada los contrata. Ahora sumamos al Estado, y con eso hacemos un círculo virtuoso, ya que cuando tienen estas personas oportunidades no reinciden. Más reinserción significa menor delincuencia y, por lo tanto, mayor seguridad pública”, dijo el Ministro Larraín.

“Con esta reforma presentada, nos comprometemos nosotros como Estado en la tarea de la reinserción social de personas que han cometido delito”, agregó el Ministro Larraín.

En lo específico, las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, permitirán trabajar en el sector público como profesionales y técnicos a las personas condenadas por simples delitos. Este proyecto excluye a aquellas personas que hayan cometido delitos graves como, por ejemplo, homicidio, parricidio, violación, asaltos, entre otros.

Conviene precisar que esta reforma incide tanto en la población que ha cumplido condena en el sistema cerrado (privados de libertad), como en aquellos que han cumplido condena en el sistema abierto (penas sustitutivas como reclusión parcial, libertad vigilada).

Con este proyecto, se persigue, además, incentivar a las personas con antecedentes para que estudien una carrera técnica o profesional, para acceder a un trabajo de calidad que les permita ganarse la vida dignamente.