Esta mañana, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al Presidente (s) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y al Representante de UNICEF en Chile, Paolo Mefalopulos, pusieron en marcha el “Nuevo Sistema de Información sobre Justicia Penal Juvenil”, que medirá y analizará datos de países de toda América Latina y el Caribe.

A la actividad también asistió el Subsecretario de Justicia, Juan José Ossa; la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren; la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

El “Nuevo Sistema de Información sobre Justicia Penal Juvenil” es una acción regional de América Latina y el Caribe, que estará coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que fue solicitada e impulsada por UNICEF, con el fin de reunir a todas las instancias que generan información relativa a jóvenes infractores de ley que han tenido contacto con el sistema de justicia.

Lo anterior, dado que en América Latina y el Caribe no hay sistemas de información cuantitativa que permitan analizar el fenómeno de la participación adolescentes en el delito, situación que no permite una adecuada planificación y evaluación de las políticas públicas en la materia.

¿Qué tipo de información se quiere levantar y para qué?

UNICEF realiza una propuesta de 9 indicadores a analizar, tomando en cuenta la información que ya existe sobre los sistemas penales de adultos. Se trata de una propuesta que permite hacerse una idea del funcionamiento del sistema de justicia juvenil y darle comparabilidad internacional.

Estos serán inicialmente abordados por un grupo entre 6 a 8 países de América Latina y el Caribe, esperando en el futuro hacer extensivo este trabajo a todos los países de la región.

Los nueve indicadores

1. Número de menores de 18 años en cada país.
2. Número de adolescentes detenidos por la Policía por supuestas infracciones a la ley penal en un año.
3. Número oficial de detenciones policiales a adolescentes en la justicia, fiscalía o autoridad competente en un año.
4. Número de procesos penales iniciados a adolescentes en un año.
5. Número de decisiones judiciales cautelares a adolescentes en un año.
6. Número de resoluciones de finalización (sentencia, resolución fiscal o decisión judicial) a adolescentes en un año.
7. Número total de adolescentes privados de libertad (preventiva o cumpliendo sentencia) en el año.
8. Número de adolescentes que cumplen una medida, no privativa de libertad (cautelar o cumpliendo una sentencia) en el año.
9. Existencia de un mecanismo oficial independiente para el monitoreo de las condiciones de privación de libertad a adolescentes (indicador cualitativo).

“Los indicadores propuestos son el mínimo indispensable para conocer la dimensión del delito de adolescentes y el ajuste a derecho de los sistemas penales juveniles de los países, así como para hacer comparaciones. A medida que los sistemas de información evolucionen y produzcan esta información con una periodicidad aceptable, se podrá avanzar hacia evaluaciones más profundas y completas que permitan tener un mejor sistema de justicia penal juvenil en la región”, indicó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.