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SEREMI DE JUSTICIA Y DDHH DESTACÓ APROBACIÓN DE LA CAMARA DE DIPUTADOS AL PROYECTO QUE DESPENALIZA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE (1)
21 de marzo de 2016

[Magallanes] Seremi Bussenius destacó aprobación de la Cámara de Diputados al proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales

Como un importante paso para que Chile cuente con una regulación legal en la materia, calificó el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Bussenius, la aprobación otorgada por la Sala de la Cámara de Diputados al Proyecto de Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto, calificó el Seremi de Justicia y Derechos Humanos.

Destacó que tras 14 meses de discusión, el proyecto esté hoy más cerca de llegar a concretarse, lo que se traduciría en que Chile deje de formar parte del grupo de cinco países en el mundo que penalizan el aborto en cualquier circunstancia. Los otros son Malta, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. La iniciativa pasara ahora a su segundo trámite constitucional en el Senado.

La iniciativa contempla la consagración de las tres causales como una legítima prestación de salud, exigiéndose la expresión de la voluntad libre de la paciente ante el médico tratante, que debe ser expresa, previa y escrita, y sin la cual no puede tener lugar la intervención. Asimismo, el prestador debe entregar información objetiva a la mujer sobre los efectos de interrumpir el embarazo y las alternativas a dicha interrupción.

Asimismo, manifestó que su implementación considera una inversión de 3.000 millones de pesos en su primer año, para luego disminuir al año siguiente a 2.300 millones de pesos, al contemplar entre sus gastos un “programa de acompañamiento” a las pacientes que se sometan a la interrupción del embarazo.

Además, regula la “objeción de conciencia” de los médicos que no quieran ejercer el aborto, en forma individual, previa y por escrito, sin poder excusarse cuando la interrupción se hace necesaria de forma inmediata e impostergable. Las instituciones de salud, públicas y privadas, no pueden hacer la objeción de conciencia como tales. En caso de violación, requiere del informe de un equipo de salud, estableciéndose, además, un plazo máximo para practicar la interrupción del embarazo de 12 semanas de gestación, las cuales se extienden a 14 en el caso de menores de 14 años.

Finalmente, Bussenius recordó que entre 1931 y 1989 el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo, aspecto hoy penalizado tanto para la madre como para el médico. Tal prohibición absoluta ha dado lugar a que la Organización de Naciones Unidas haya hecho numerosas recomendaciones al Estado de Chile, al considerarla una violación al derecho a la vida y el derecho a la integridad física y síquica de las mujeres.