Su sesión más concurrida, con el carácter de extraordinaria, desarrolló el miércoles la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, al contar con la participación de personeros del nivel central por parte de los distintos entes intervinientes que participarán de la implementación de la Ley N° 21.057 (que Regula Entrevistas Grabadas en Video y otras medidas de resguardo a Menores de Edad, Víctimas de Delitos Sexuales), la cual entra en vigencia de manera gradual a contar del 3 de octubre.

La cita, realizada en el auditorio de los juzgados civiles de Punta Arenas, se enmarcó en una coordinación de actividades entre la Seremía de Justicia y DDHH, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con miras a la puesta en marcha de dicha norma. Allí los comisionados e invitados dieron realce en afinar todos aquellos detalles que se pudieran prever, con miras a lograr que implementación se desarrolle de la mejor manera. Ello, al ser Magallanes una de las seis regiones donde partirá esta norma, que fue destacada por el Seremi de Justicia y DDHH, Fabián Mella, como “un cambio, quizá el más importante que ha tenido la Reforma Procesal Penal desde su implementación hasta el día de hoy”. Este busca evitar una victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas y testigos de delitos graves.

Tanto el Presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic, el Fiscal Regional, Eugenio Campos, como los distintos actores presentes dieron cuenta de su interés por una buena implementación de la misma, así como también por todas las instancias de coordinación interinstitucional y preparación previas, con un acento puesto en preparar entrevistadores y en poder disponer de las futuras salas donde se desarrollarán las entrevistas videograbadas de menores de edad. Incluso se vio el interés de poder incorporar a la brevedad a Cabo que Hornos, que ya está preparada con dos entrevistadores, y cuyo tribunal definitivo ya estaría funcionando en el cuarto trimestre con una sala debidamente acondicionada, al ser proyectado como un “juzgado de última generación”.

En la oportunidad, se contó con la presencia de Erika Maira Bravo, Gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Chile; la general de Carabineros Berta Robles Fernández, Encargada de la Zona de Protección y Prevención de la Familia; prefecto inspector Héctor González Aránguiz, Jefe de la Jefatura Nacional Contra Delitos Sexuales de la PDI; y Alejandro Fernández González, Jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otras autoridades del nivel central.

La Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal tiene como objetivo procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones en ella representadas.

A nivel regional, la preside el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, siendo integrada por: el Presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el Fiscal Regional, la Defensora Regional, el Jefe de Zona de Carabineros de Chile, el Jefe de Zona de la Policía de Investigaciones de Chile y el Presidente de Colegio de Abogados; y en calidad de invitados permanentes: el Juez Presidente de Juzgado de Garantía, el Juez Presidente de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, los Directores Regionales de Gendarmería y de Sename y la Coordinadora Regional de Seguridad Pública.