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Año 1837

Esta Secretaría de Estado fue creada el 1 de febrero de 1837 bajo el nombre de Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, durante el gobierno de José Joaquín Prieto Vial. Su primer ministro (interino) fue Diego Portales Palazuelos, quien el 26 de junio de ese mismo año entregó el cargo a Mariano Egaña. Durante este periodo, la labor del ministerio se centró en el despacho de leyes y en la conformación del Poder Judicial.

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Año 1870

El 25 de noviembre de 1870, una ordenanza del Presidente José Joaquín Pérez, establece la creación de una «Guardia Especial para el Presidio Urbano de Santiago». Son los cimientos del Cuerpo de Gendarmería de Chile.

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Año 1884

La creación del Registro Civil durante la administración del Presidente Domingo Santa María, en 1884, respondió a los cambios culturales que se dieron en la sociedad chilena de entonces, de mayor diversidad, con distintos credos religiosos y nuevos valores.

Así, una Ley de Matrimonio Civil se promulgó el 16 de enero de 1884, y autorizó al Juez de Letras a efectuar la celebración civil del matrimonio en caso que la autoridad eclesiástica se negara.

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Año 1887

Esta Secretaría de Estado se desliga del Departamento de Culto, que pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, llamándose Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

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Año 1915

La dedicación de los médicos que ejercieron su disciplina a favor de la justicia se plasmó en 1915, con la creación del Servicio Médico Legal. Se trata de una entidad pública que asesora en materias legales y forenses a los tribunales de justicia del país.

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Año 1921

El nombre de «Cuerpo de Gendarmería de Prisiones» se instauró definitivamente el 30 de noviembre de 1921.

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Año 1928

El edificio donde se encuentra actualmente el Ministerio de Justicia es uno de los primeros rascacielos construidos en Latinoamérica. Fue diseñado por Ricardo González Cortés. Tiene catorce pisos y fue construido entre 1923 y 1927, siendo inaugurado en 1928 como el Edificio del Seguro Obrero. A finales de la década del 80 se convirtió en el edificio de esta Secretaría de Estado.

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Año 1929

Los primeros antecedentes históricos de la institución se vinculan con la Sindicatura General de Quiebras, creada por la Ley 4.558 de 1929, como organismo auxiliar de los Tribunales de Justicia.

En 1930 se inaugura el nuevo edificio: asísmico e incombustible para el Gabinete Central de Identificación, emplazado entre las calles General Mackenna y Amunátegui.

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Año 1943

En 1943, el Registro Civil se fusiona con el Servicio de Identificación y pasa a denominarse Servicio de Registro Civil e Identificación, tal como se lo conoce hasta nuestros días.

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Año 1973

Cronología de la cédula de identidad. Se estableció un sistema computacional para sistematizar la entrega del Rol Único Nacional (R.U.N.) a cada nacido en el territorio nacional.

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Año 1979

Creado por Ley en enero de 1979, el SENAME es un organismo mediante el cual el Estado asume un rol activo en la protección de los niños y niñas vulnerados(as), y da apoyo a la judicatura de menores como un «órgano auxiliar de la administración de justicia».

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Año 1981

La Ley 17.995, del 8 de mayo de 1981, concedió la personalidad jurídica a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial de las regiones Metropolitana, Biobío y Valparaíso. Con éstas fueron sustituidos los antiguos consultorios dependientes del Colegio de Abogados de Chile en lo referente a los servicios de asistencia judicial.

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Año 1999

Se publica la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, clave para el éxito de la Reforma Procesal Penal. Esta institución tiene como funciones representar a la comunidad en la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos, y brindar atención a víctimas y testigos.

Año 2000

A partir del 16 diciembre del año 2000 y hasta junio de 2005, comenzó en el país el proceso de instalación progresiva de la Reforma Procesal Penal.

La nueva justicia criminal integró al sistema judicial nuevos estándares de transparencia, publicidad, inmediación, celeridad y oralidad, junto con separar las funciones de investigar y juzgar, con lo que dejó atrás un sistema inquisitivo y vetusto.

Con una inversión original superior a los $342 mil millones, la Reforma Procesal Penal permitió pasar de 79 jueces del crimen a más de 800 magistrados de garantía y oral en lo penal. Además, se instalaron y construyeron 84 nuevos tribunales en todo el país.