En primer lugar, queremos agradecer a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos haber aceptado la invitación que el Gobierno de Chile realizó durante la primera semana tras la crisis. Al momento de realizar esta invitación, el Presidente de la República ya se había reunido y había garantizado igual transparencia y máxima autonomía al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría Nacional de la Niñez.

En el día de hoy, la Oficina de la Alta Comisionada ha publicado el informe de su visita. Hemos revisado con atención su contenido, conclusiones y recomendaciones. Especialmente respecto de las recomendaciones tomamos debida nota. Algunas de ellas, como las referidas a Carabineros ya están siendo implementadas, otras estudiadas por el Comité Técnico Asesor a propósito de recomendaciones similares que ya hizo en su momento la organización Human Rights Watch, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, y respecto de otras seguiremos estudiándolas y profundizándolas.

Queremos lamentar profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada que estuvo en nuestro país. Cada una de ellas está haciendo o será investigada por el Ministerio Público y será sancionada de acuerdo a lo que determinen los Tribunales de Justicia.

Asimismo, hemos lamentado cada pérdida de vida y cada lesión que ha sufrido alguna persona en estas complejas semanas de crisis social. Queremos reiterar nuestra condena a cualquier vulneración de los derechos humanos. No seremos nosotros los que juzguemos, no estamos llamados a eso, pero como ha dicho el Presidente de la República no habrá impunidad y en el intertanto que las instituciones de la justicia penal y civil lleven adelante sus procedimientos propios de un estado de derecho, estamos coordinando la disposición de todas las medidas necesarias para asistir a las personas que hayan denunciado ser víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno a través de sus Ministerios y en coordinación con la sociedad civil ha asumido el compromiso de prestar asistencia a las personas que han denunciado ser víctimas de la violencia y la vulneración de los derechos humanos. Hemos comenzado con la conformación de un equipo de profesionales para coordinar y acompañar a las mujeres que hayan denunciado violencia sexual en el marco del Convenio de Cooperación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con ONU Mujeres; el programa integral de recuperación ocular y plan de ayuda y asistencia médica y social para lesionados graves del Ministerio de Salud, un programa de apoyo y contención psicológica a jóvenes que han denunciado ser víctimas de vulneraciones de sus derechos durante las manifestaciones liderado por el Instituto Nacional de la Juventud.

Todas estas acciones, así como otras que se están desarrollando serán coordinadas por instrucción del Presidente de la República a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Con todo creemos que es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas, contienen información errada o falta información actualizada en el informe.

Respecto del contexto de la situación que ha enfrentado Chile queremos señalar que a partir del 18 de octubre Chile vivió una situación imprevista e inédita de violencia que se desarrolló en paralelo con expresiones ciudadanas pacíficas y legítimas en relación con demandas por mayor justicia social, demandas de las cuales el Gobierno y el Congreso se han hecho cargo impulsando una importante y potente Agenda Social y Anti Abusos.

Queremos volver a enfatizar que fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas -como se ha pretendido hacer ver por algunos- la razón que determinó la necesidad de decretar el Estado de Excepción Constitucional ese viernes 18 de octubre. Aquella decisión no fue tomada en el vacío, sin contexto, sino que fue necesaria para cumplir con la responsabilidad que el Estado tiene como primer garante de la protección de los derechos humanos, que es precisamente resguardar el orden y la seguridad pública para proteger las libertades y derechos de todas las personas.

Expresión de aquello es que el Gobierno ha garantizado el derecho a reunión y manifestación pacífica. Desde el 18 de octubre un total de más de 4,5 millones de personas han participado en diversas marchas y manifestaciones públicas pacíficas, lo que da cuenta del ejercicio eficaz de este derecho. Estas se mantuvieron incluso durante el Estado de Excepción Constitucional donde se desarrollaron en un mismo día marchas pacíficas con más de dos millones de personas a través de todo el país.

Por su parte, los hechos de violencia de estas últimas semanas han significado a la fecha más de 2 mil 500 eventos graves, incluyendo 952 saqueos, 282 incendios y destrucción a la propiedad pública y privada. Además de 148 estaciones de Metro vandalizadas o dañadas, cuarteles de policía atacados, hospitales, edificios públicos, estaciones eléctricas, supermercados y pequeños emprendimientos.

Todo ello ha significado un impacto negativo no sólo en las perspectivas económicas del país, sino que en particular y lo que más nos preocupa, más de 100 mil puestos de trabajo se han perdido en este periodo. Y, así una compleja situación se ha suscitado para muchas familias de nuestro país.

En este marco el Gobierno ha tomado un conjunto de medidas, en el marco de la Constitución y de la Ley, para cumplir con su deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, al mismo tiempo de restablecer el orden público, proteger la seguridad ciudadana y resguardar la paz social.

Respecto de algunas medidas adoptadas por el Gobierno, queremos señalar un conjunto de ellas que, en términos de oportunidad y eficacia, han sido instaladas y generadas para la promoción y el resguardo de los derechos humanos.

Desde los primeros días luego del 18 de octubre, Carabineros inició investigaciones y sumarios administrativos internos respecto de cada denuncia que les llega desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos como de la Defensoría de la Niñez, y también a través de auto denuncias. A la fecha, aquellas investigaciones llegan al número de 856 y todos sus antecedentes han sido debidamente remitidos al Ministerio Público.

Sobre aquellas investigaciones internas se refirió ayer el General Director de Carabineros, dando cuenta de un importante avance. Junto con ello, dio a conocer una serie de medidas correctivas a los protocolos y de mejoras para el control del orden público, con el objeto de cautelar el uso de la fuerza legítima y asegurar el cumplimiento de dichos protocolos.

Entre ellos, perfeccionando los protocolos de uso de la fuerza, incorporando cámaras corporales para quienes usan escopetas antidisturbios para asegurar su correcta implementación, el despliegue en terreno de 251 Instructores de Derechos Humanos de Carabineros con el objeto también de asegurar el correcto cumplimiento de los protocolos, la suspensión del uso de perdigones salvo para aquellos casos en que existe un peligro inminente a la vida de un policía o de civiles, la solicitud de un estudio actualizado en la composición de los perdigones de goma adquiridos en el año 2017 y la ampliación de la instalación de cámaras en todas las comisarías.

Chile es una República democrática con plena separación de Poderes y un estado de derecho que garantiza el funcionamiento de las instituciones públicas y autónomas para proteger a la ciudadanía en el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales.

El Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez han ejercido siempre su función en forma independiente, imperando en Chile el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales.

Junto con recibir el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tomar debida nota de aquel, el Gobierno ha estimado relevante haber hecho las precisiones respecto de aspectos que no compartimos de este informe, que también son explicadas con mayor detalle en el comunicado de prensa escrito que fue publicado hace pocos momentos esta mañana, tras el anuncio de la oficina en Ginebra.

Finalmente, respecto de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada, reiteramos nuestra disposición a acoger todo aquello que tenga como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, su resguardo y protección, siendo estos una prioridad irrenunciable para el Estado y para nuestro Gobierno.

Es por ello que valoraremos la colaboración y asesoría que la Oficina de la Alta Comisionada pueda brindar a nuestro Estado en su implementación y, de esa forma, profundizar en las medidas que ya hemos tomado y seguiremos aplicando con el fin de asegurar el resguardo de los derechos y las libertades de todas las personas en Chile.

Muchísimas gracias.