Hasta la Residencia Familiar Los Ángeles, de la Fundación Ciudad del Niño, llegó el Intendente Regional Jorge Ulloa acompañado del Seremi de Justicia y Derechos Humanos Sergio Vallejos y el Director Regional (s) de Sename, Patricio Muñoz para entregar detalles de la promulgación de la ley que duplica el monto de la subvención que reciben las residencias colaboradoras del Sename, beneficiando en la Región del Biobío a más de seiscientos niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias por orden de los tribunales, debido a que sufrieron graves vulneraciones.

La ley duplica el monto de la subvención para las residencias en un plazo de tres años, comenzando el primer año con un aumento de 35%. Es decir, en la primera etapa, se suben los actuales 388 mil pesos promedio por cada niño a 523 mil pesos en promedio.

“Permite básicamente un mejoramiento sustantivo en la subvención paga los centros residenciales administrados por los organismos colaboradores del Sename y que atienden a nuestros niños”, resaltó el Intendente Jorge Ulloa.

En la Región del Biobío hay 33 organismos colaboradores que atienden a 600 niños, 200 de ellos son de la Provincia de Biobío que actualmente cuenta con 7 residencias. Los recursos permitirán que estos organismos tengan personal más calificado y se fortalezcan las intervenciones psicosociales que realizan con los niños y sus grupos familiares.

El Seremi Sergio Vallejos destacó además que esta ley introduce los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y la idónea administración de los fondos asignados. “Va a permitir una mayor fiscalización, mayores recursos se les entrega, pero también se les exige más, que los montos sean destinados exclusivamente a los niños y mayores facultades de fiscalización de parte de Sename en el uso de los recursos”.

El Intendente, resaltó además que esta nueva Ley es parte de una completa agenda de infancia que implica poner a “los niños primero”, principio impulsado por el Presidente Piñera desde el primer día de su segundo mandato.

La ley entrará en vigencia una vez que se haya dictado el reglamento respectivo, lo que debería producirse dentro del primer semestre.