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22 de enero de 2018

Autoridades del Ministerio valoran promulgación de ley que crea Defensoría de la Niñez

Hasta la sede del Gobierno se trasladaron este mediodía el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, y los dos subsecretarios de la cartera, Nicolás Mena y Lorena Fries, de Justicia y Derechos Humanos respectivamente, para participar del acto de promulgación de la ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que encabezó la Presidenta Michelle Bachelet.

“Este es el tercero de los ocho proyectos de ley en el marco de una nueva política de la niñez, y esperamos que en los próximos días pueda aprobarse el cuarto”, dijo Campos, al referirse a la batería de iniciativas legales sobre la materia que ha impulsado el Gobierno.

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Sobre lo mismo, la subsecretaria Fries recalcó que “es un paso gigante de reforzamiento a la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque lo que uno requiere, primero, es una institucionalidad focalizada en este tema y en segundo lugar con un discurso queva a acelerar el cambio de paradigma en esta sociedad donde aún no terminamos de entender que los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derecho”.

Las funciones del organismo, en materia de difusión, dicen relación con recepcionar, facilitar y difundir la opinión de los niños y niñas; difundir el conocimiento en derechos humanos, facilitando su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional; y difundir el informe anual.

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Asimismo, la Defensoría se encargará de elaborar informes regulares y realizar recomendaciones generales o específicas; actuar como amicus curiae ante tribunales; promover el cumplimiento de la Convención sobre los derechos del niño y la adhesión o ratificación de tratados e instrumentos internacionales en estas materias; velar porque los responsables de las políticas económicas tengan en cuenta los derechos de los niños y niñas.

En cuanto a protección, podrá observar y hacer seguimiento y requerir antecedentes o informes a los órganos de la Administración del Estado y a toda persona natural o jurídica que pudiere afectar los derechos de los niños y niñas, así como organizaciones y grupos pertinentes, pudiendo intervenir o servir de facilitador entre ambos; recibir peticiones y derivarlas al órgano competente, haciendo el respectivo seguimiento; visitar centros de privación de libertad y emitir informes de las visitas; denunciar vulneraciones; querellarse en casos específicos de interés social relevante.

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