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13 de septiembre de 2016

Actualizar norma y regular el beneficio: Los objetivos del Proyecto de Ley de libertades condicionales

Contexto

En abril de este año las comisiones de libertad condicional del país concedieron 2.314 libertades condicionales, siendo esta la cifra más alta en un semestre en los últimos cinco años.

Esta situación generó un amplio debate público debido principalmente al significativo aumento que se registró en comparación a los años anteriores y al perfil de los internos beneficiados, frente a lo cual se presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es sustituir el actual decreto ley Nº 321 con el fin de regular el beneficio de la libertad condicional, y establecer que podrán acceder a él personas que cumplan con determinados requisitos y muestren un efectivo avance en el proceso de reinserción social.

Esta moción ha sido apoyada por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentado indicaciones y mediante urgencias. Actualmente se encuentra con Discusión Inmediata.

El decreto N°321 que se busca sustituir con este proyecto de ley data del año 1925, es decir, es una norma desactualizada respecto a los avances de la criminología moderna, y que tampoco considera el principio de progresividad de la pena.

Algunos aspectos relevantes del proyecto de ley

> Este proyecto favorece la reinserción social a través del egreso anticipado y sujeto a supervisión de la autoridad para aquellas personas privadas de libertad que han demostrado avances en su proceso de intervención para la reinserción social.

> El proyecto exigirá contar con un informe favorable de reinserción social, elaborado por un equipo profesional idóneo del establecimiento penitenciario en el cual se encuentre la persona condenada. Ese informe tendrá como objetivo orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, a fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad y contendrá, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad de la persona condenada.

Los nuevos requisitos materializan el principio de progresividad de la pena, el cual se manifiesta a través de la entrega paulatina de mayores espacios de libertad y autonomía a las personas condenadas según sus avances en el proceso de intervención para la reinserción social.

> La Comisión de libertad condicional deberá considerar la gravedad del delito por el cual la persona fue condenada y la extensión del mal causado, al momento de evaluar si concede o deniega el beneficio. La resolución de la Comisión deberá ser fundada.

> En relación a los condenados a más de veinte años, que según la normativa actual una vez cumplidos diez años pueden postular al beneficio, se eleva a los condenados a más de cuarenta años puedan postular cumplidos veinte años de la pena.

> El proyecto establece de manera más clara la composición de las Comisiones de Libertad Condicional: en regiones serán integradas por cuatro jueces de juzgados de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal, además de un ministro de Corte de Apelaciones. En Santiago, el número de jueces aumenta a diez.

> Se establece que el condenado al cual le fue negado el beneficio de libertad condicional pueda reclamar ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo de 15 días hábiles (Incorporado en la Comisión de Constitución de la Cámara).

La libertad condicional es una herramienta adecuada para la reinserción social, pero debe ser entregada a aquellos sujetos que cuenten con un informe favorable de reinserción. En ese sentido se hace necesario acompañar el proceso de liberación a través de un plan de intervención, por lo cual Gendarmería realizará un plan de intervención y acompañará en este proceso, fundamental para efectos de disminuir el riesgo de reincidencia.