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Diagnóstico del Procedimiento Penal

Hasta antes de la Reforma al sistema de procedimiento penal, el Chile rigió un sistema inquisitivo, donde quien conducía la investigación era la misma persona que debía juzgar el asunto, restando la imparcialidad que exige el debido proceso. Así mismo, los procedimientos carecían de inmediación, eran engorrosos, lentos y poco garantistas.

Atendida esta realidad, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle el Ministerio de Justicia se avocó a la tarea de diseñar, en conjunto con los actores relevantes del mundo académico y de la práctica del Derecho, una Reforma Procesal Penal (RPP) para dotar a Chile de una justicia que superara sus debilidades incorporando principios importantísimos, que se tradujeron en un proceso oral, transparente, expedito, cercano a la gente y en concordancia con los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país; que protegiera a las víctimas, pero no dejara de lado la garantía de los derechos de los imputados.

La implementación de la Reforma

Un cambio así de importante implicó una serie de desafíos y modificaciones estructurales para el Poder Judicial. Entre otras cosas, importó una considerable inversión en infraestructura que respondiera a la nueva composición orgánica introducida por la Reforma; así como la necesidad de capacitar a todos los actores del Poder Judicial, tanto en la nueva normativa que regiría al proceso, como en las nuevas herramientas de que se dispondría, como el soporte informático y tecnológico en general.

Balance

La implementación gradual de la Reforma entre 2001 y 2005, permitió la evaluación de los problemas y posibilidades de mejora de la reforma. Desde su implementación, han ingresado al Ministerio Público más de 13 millones 62 mil casos (a marzo de 2015), de los cuales el 97,24 por ciento ha llegado a su término.

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Esta reforma ha permitido que la resolución de las causas por parte de los Tribunales de Justicia sea más rápida y que al tener menos tiempo a personas sin sanción en los penales se vulneran menos sus derechos. Hoy en las cárceles chilenas sobre el 56 por ciento de las personas internas se encuentra cumpliendo condena y el Estado le proporciona defensor profesional a todo aquel que lo requiera. Es así como la Defensoría Penal Pública durante 2014 completó tres millones de imputados atendidos desde su creación.

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Algunos desafíos

Tras una década de funcionamiento en todo el territorio, es necesario realizar un conjunto de perfeccionamientos que hoy se encuentra en trámite parlamentario, como el fortalecimiento del Ministerio Público para mejorar la persecución penal y el apoyo a las víctimas; favorecer la investigación policial; y terminar con los trucos que dilatan los procesos.

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La Reforma Procesal Civil es la necesaria consecuencia de la Reforma Procesal Penal, en la cual se inspiró para recoger buena parte de sus principios y estándares mínimos que se exigen a todo sistema de justicia, como la oralidad, la publicidad, la concentración, la inmediación, la libertad probatoria, la sana crítica, la fundamentación de las sentencias, la centralidad del juicio, la limitación de la vía recursiva, entre otros. Esta reforma persigue diseñar e implementar los instrumentos legales necesarios para una tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que enfrenten conflictos en esta área, en un contexto de pleno respeto de sus garantías procesales: Una justicia más cercana a las personas, pública, transparente y que dilucide los conflictos con mayor prontitud. En forma complementaria, nos encontramos preparando un nuevo Código Penal, de manera armonizar el catálogo de delitos y sanciones existentes hoy.

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La mayor parte de los estudios que realizan organismos y expertos en materia procesal penal señalan que el sistema en que participan fiscales, jueces de garantía y del juicio oral, defensores y querellantes, con el apoyo de las policías, peritos y custodios penitenciarios ha sido exitoso. Nuestro compromiso es continuar en un monitoreo crítico, de manera de hacer los perfeccionamientos que sean aconsejables para que tengamos una justicia que sea la base de una institucionalidad renovada como la que estamos construyendo.

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